Un juez federal admitió estudiar el amparo interpuesto por el rector de la Escuela Libre de Derecho (ELD), Ricardo Antonio Silva Díaz, quien impugnó la ampliación de mandato del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), así como la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).
Francisco Javier Rebolledo Peña, juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, fijó para el próximo 8 de septiembre para que tenga verificativo la audiencia constitucional para determinar si concede el amparo.
En la demanda de 121 fojas, la Escuela Libre de Derecho asegura que la reforma a las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de Carrera Judicial ponen en riesgo la autonomía de jueces y magistrados, debido a criterios vagos y ambiguos.
De igual manera reclama la asignación especial de casos sobre violaciones graves de derechos humanos, señalando que ésta debería seguir siendo aleatoria, como ocurre hasta ahora.
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La decisión de Silva Díaz de promover el amparo a nombre de la ELD, ha generado críticas. La magistrada Loretta Ortiz Ahif, quien da clases en dicha escuela, manifestó que esta “decisión no fue debidamente consultada y contraviene la independencia de todo fin político establecido en los estatutos”.
Cabe mencionar que esta es la segunda demanda de amparo que es admitida a trámite contra la ampliación de cuatro a seis años del mandato del ministro Arturo Zaldívar.
En junio pasado, Laura Gutiérrez de Velasco Romo, jueza Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, aceptó analizar el amparo que reclama la incorporación del artículo Décimo Tercero Transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF).
El demandante mencionó que con la inclusión de dicho transitorio, que también amplía el encargo de los actuales consejeros de la Judicatura Federal, se viola lo establecido en los artículos 1, 17, 40, 49, 94 párrafo décimo segundo, 97, 100 párrafo quinto, 133 y 135 de la Constitución Federal.
La juzgadora convocó para el próximo 4 de agosto para llevar a cabo la audiencia constitucional donde definirá si concede la protección de la justicia.
DMZ