Un juez federal rechazó amparar a Carlos Treviño Medina, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien pretendía que se ordenará a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigara la supuesta tortura que sufrió su antecesor en el cargo Emilio Lozoya Austin, delito que según él provocó que declarara en su contra con hechos falsos.
Carlos Treviño ha sido señalado de presuntamente recibir un soborno de 4 millones de pesos por aprobar la reforma energética en el sexenio pasado, asunto relacionado con el caso Odebrecht; por este motivo, existe una orden de aprehensión en su contra por los probables delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Antonio González García, juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, negó la protección de la justicia al quejoso.
De acuerdo con registros judiciales, en julio de 2022, Óscar Augusto Zamudio Campos, defensor de Treviño Medina denunció a Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, y a su mano derecha, el fiscal Juan Ramos, por el probable delito de tortura por haber presionado a Emilio Lozoya.
La denuncia fue dirigida a Sandra Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la FGR.
Según la denuncia, Emilio Lozoya fue presionado, amenazado y torturado psicológicamente, “mediante coacciones, presiones, condicionamientos y recompensas frágiles -acogerse a un criterio de oportunidad-, y ya con su voluntad vencida, firmó denuncia de hechos falsos” que dio lugar a una carpeta de investigación contra Carlos Treviño.
Sin embargo, la fiscalía a cargo de Irene Herrerías decretó la abstención de investigar, porque el denunciante no precisó modo, lugar y tiempo, en el sentido de cómo ocurrió la presunta tortura.
La defensa impugnó la determinación, y en audiencia celebrada el 23 de noviembre de 2022, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Sur revocó la decisión únicamente para que la FGR acuda con las víctimas directas para informarles la existencia de la denuncia y expongan si fueron objeto de tortura.
Una vez hecho lo anterior, el Ministerio Publico podrá continuar la indagatoria o bien determinar la carpeta de investigación. En los registros judiciales se menciona que el juez de control consideró que la defensa no tiene legitimación, porque no representa a Emilio Lozoya ni a otras víctimas.
Por su parte, el juez Antonio González manifestó que el abogado sí tiene interés jurídico para denunciar el presunto delito de tortura, pero “no tiene el alcance que la investigación se lleve al margen de las víctimas directas de los mismos como parece pretende se realice, ni en contra de su voluntad”.
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La negativa de amparo ya fue impugnada ante un Tribunal Colegiado, el cual resolverá si confirma, modifica o ratifica la resolución dictada por el juez Antonio González.
El 7 de septiembre de 2021, se ordenó la aprehensión de Carlos Treviño porque no acudió a la audiencia donde se le iba a imputar por los delitos antes mencionados.
El mandamiento judicial fue otorgado por Daniel Ramírez Peña, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.
El ex funcionario envió un escrito donde señaló que no acudió a la audiencia porque aseguró que no estaban dadas las condiciones de legalidad y seguridad jurídica necesarias para que se llevara a cabo un juicio justo, y porque compete a un juez de la Ciudad de México conocer el caso.
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