Juez ordena resguardar memoriales de personas desaparecidas retirados de Palacio Nacional

Los memoriales fueron retirados del recinto presidencial. Las familias de los desaparecidos señalan a militar castrense.

Palacio Nacional (Cuartoscuro)
Miguel Ángel Pérez
Ciudad de México /

Un juez de Distrito en la Ciudad de México ordenó el resguardo de cuatro memoriales de personas desaparecidas instalados por sus familiares frente a Palacio Nacional, luego que fueron removidos por autoridades el pasado 15 de marzo.

Las cuatro familias que colocaron los memoriales informaron de la resolución judicial en un comunicado y -respaldadas por colectivos de familiares de personas desaparecidas- acusaron que fue el personal castrense que custodia Palacio Nacional el que retiró los monumentos.

“El retiro de los memoriales violentan nuestros derechos humanos a la memoria, a la protesta , a la manifestación,a la legalidad y seguridad jurídica”, arremetieron

De acuerdo con lo informado, el pasado 16 de abril, el amparo fue admitido por una Juez de Distrito, quien ordenó el resguardo de los memoriales a fin de evitar que el Gobierno Federal los destruya.

“Una de nuestras exigencias es que los memoriales no sólo sean resguardados, sino que el juzgado ordene su reinstalación, por lo que hacemos un llamado a la Juez Primero de Distrito, para que al momento de resolver la suspensión definitiva tome en consideración que se trata de un acto de memoria y protesta”, apuntaron.

Además del amparo señalaron que promovieron una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En este marco, acusaron que el organismo que dirige Rosario Ibarra “ha considerado que la memoria no es un derecho humano y han estimado que el retiro de los memoriales no representa una violación a los derechos humanos”.

Estos memoriales corresponden a Óscar Antonio López Enamorado, migrante hondureño desaparecido en Jalisco en 2010; Antonio Verastegui y su hijo Antonio de Jesús, desaparecidos en 2009, en Coahuila; Alejandro Moreno Baca, desaparecido en 2022, en Nuevo León, y Marco Antonio Amador Martínez, un joven migrante de nacionalidad hondureña desaparecido en Tamaulipas durante 2013.

El pasado 1 de abril, la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, en el que se incluye el derecho a la memoria dentro de los principios de la debida diligencia.

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