Una jueza federal ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue la presunta tortura de la que fue víctima el supuesto líder de la banda de la Riviera Maya, Florian Tudor, ‘El Tiburón’, al interior del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
De acuerdo con registros judiciales, el ciudadano de origen rumano ratificó una demanda de amparo y ante un fedatario judicial señaló que ha sido sometido a malos tratos y no ha recibido atención médica.
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Laura Isabel Guerrero Vara, jueza Sexta de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, otorgó una suspensión de oficio y de plano al quejoso para que cesen dichos actos de maltrato, y ordenó informar al Ministerio Público Federal para que indague el caso.
“…en la propia diligencia el quejoso manifestó que ha sido objeto de golpes y actos de tortura, lo que derivó en los padecimientos médicos que precisó…resulta procedente dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a fin de que actúe conforme a sus atribuciones, en relación con la posible comisión del delito denunciado por el quejoso y la responsabilidad de los servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a efecto de determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad física y psicológica de quien alega la tortura; y en su caso, identificar y procesar a quien resulte responsable”, detalla el acuerdo.
Según los registros, el fedatario refirió que no se apreciaban lesiones en el exterior del cuerpo de Florian Tudor.
“No obstante, refiere que tiene una infección en los molares superiores por más de un año, que incluso sale pus por las mañanas y los dientes de enfrente inferior (dos) tampoco han sido atendidos y refiere que tiene dos costillas fracturadas que no le han sido atendidas provenientes de las golpizas que le han propinado siete u ocho oficiales del penal, siendo todo manifestado por el quejoso”.
La juzgadora puntualizó que a las aseveraciones insertas en las constancias de notificación se les concede valor probatorio, porque la fe dada por un funcionario judicial, en ejercicio de su encargo conserva su valor probatorio para tener por cierto lo ahí asentado, pues se encuentra investido legalmente de fe pública.
Es de mencionar que, en julio de este año, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, ratificó la sentencia que impidió a Florian Tudor recuperar su libertad bajo el alegato de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no se pronunció a tiempo respecto a si procedía o no su extradición a Rumania.
HAGU