La decisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de retrasar la sesión extraordinaria para procesar el dictamen del proceso de desafuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, fue prudente, en virtud de la complejidad legal que supone este caso al involucrar un juicio de amparo y además, la precisión jurídica sobre si los fiscales estatales cuenta con fuero o no, consideró Jorge Martínez Ocampo, litigante experto en Compliance Gubernamental.
Martínez Ocampo recordó que existe una suspensión definitiva otorgada por un juez federal que limita a la Cámara de Diputados resolver en definitiva.
Votar el desafuero de Carmona Gándara violaría el amparo que le fue concedido, lo que tendría consecuencias jurídicas graves e incluso se caería en el desacato, afirmó el especialista en Derecho.
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Dijo que por el momento, los diputados y senadores actuaron de manera decisiva, para generar condiciones de que se observe el debido proceso y no se sienten precedentes que podrían resultar perniciosos en el futuro.
El proceder de la Comisión Permanente, ejemplificó una medida de cumplimiento normativo en el cual se observa la existencia de una suspensión definitiva proveniente de un juicio de amparo y se evitó caer en desacato, reconoció.
Además, agregó Jorge Martínez, pone en la mesa parlamentaria un asunto de vital importancia que evita que el Poder Legislativo se pronuncie sobre si los “fiscales estatales” cuentan con fuero o no, “tema que de fondo le compete al Poder Judicial, principalmente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Para el jurista, incluso se están generando condiciones para que se subsanen errores procesales de la Sección Instructora, que podrían vulnerar el derecho a la justicia y el debido proceso del servidor público.
“De violar la suspensión definitiva bajo el argumento de que el fiscal Uriel Carmona no tiene fuero, se podría estar sentando el precedente de que ningún fiscal autónomo de México cuenta con esa protección constitucional”, concluyó el penalista Jorge Martínez.
DMZ