Un juez federal admitió a trámite el amparo que promovió el empresario Kamel Nacif Borge, quien busca que la Fiscalía General de la República (FGR) le permita tener acceso a la carpeta de investigación que inició en su contra por una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por su presunta responsabilidad en delito de defraudación fiscal y posiblemente por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Augusto Octavio Mejía Ojeda, juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien aceptó conocer la demanda, también otorgó una suspensión provisional al quejoso, pero en su acuerdo no detalla que alcances tiene la medida cautelar.
El juzgador ordenó a la FGR que rinda sus informes justificados para conocer los antecedentes de este asunto. El próximo 30 de noviembre, el juez celebrará la audiencia incidental donde determinará si concede la suspensión definitiva al empresario.
En su demanda, Kamel Nacif pidió la protección de la justicia contra actos del titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
Lo anterior, por el “retardo en la impartición de justicia, relacionado con la integración y determinación de la carpeta de investigación”.
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En 2020, la UIF denunció a Kamel Nacif porque detectó transacciones inusuales e irregulares que supuestamente realizó entre enero y octubre de 2010 en Intercam Casa de Bolsa.
Asimismo, por la compra de 17 cheques por más de 5 millones 349 mil dólares, venta de cheques por 9 millones 264 mil dólares, una transferencia de un millón de dólares que Rosa Lisette Nacif, hija de Kamel, habría depositado en Inmobiliaria Cuadros, de la que su padre es representante legal y accionista.
De igual manera, por transferencias de 320 mil dólares a empresas ubicadas en Taiwán y Chipre. Según la denuncia, Kamel Nacif realizó operaciones por un monto acumulado de mil 223 millones 328 mil pesos, desde el 11 de junio de 2007 al 20 de marzo de 2020.
El caso no tiene relación con el asunto de la periodista Lydia Cacho, quien lo denunció por tortura. En julio de este año, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito amparó al empresario y lo deslindó de toda responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista, y echó abajo la orden de aprehensión en su contra, fallo que es inapelable.
El Tribunal determinó que ninguno de los funcionarios que participaron en la detención de la escritora manifestó haber recibido órdenes para torturarla por publicar el libro Los Demonios del Edén, punto en el que se basó la acusación.
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