Un juez federal otorgó un amparo Kate del Castillo, sentencia que ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) que la reconozca con el carácter de víctima, y que determine la carpeta de investigación que inició contra ex funcionarios que denunció la actriz porque presuntamente incurrieron en irregularidades en procedimiento de reclamación patrimonial del Estado.
La artista ha denunciado que sufrió una persecución en el sexenio pasado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), al relacionarla con el capo Joaquín El Chapo Guzmán, donde incluso se “insinuó” que mantenía una relación sentimental con el líder del cártel de Sinaloa.
En su demanda, Kate del Castillo aseguró que los funcionarios de la FGR le han impedido el acceso a una reparación integral del daño, además de dejar impunes los hechos y conductas denunciadas contra servidores públicos.
Augusto Octavio Mejía Ojeda, juez tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, concedió la protección de la justicia a la quejosa, para que se le reconozca el carácter de víctima en la carpeta de investigación que se inició a partir de su denuncia.
También, dio un plazo de 90 días al Ministerio Público Federal para que determine si hay o no delito que perseguir contra funcionarios y ex servidores públicos denunciados, quienes son investigados por delitos contra la administración de la justicia.
El juzgador ordenó dejar sin efecto el acuerdo que emitió la Fiscalía de Asuntos Internos, de la FGR, el 4 de agosto de 2022.
Mejía Ojeda puntualizó que, con las reformas constitucionales del 18 de junio de 2008, el constituyente permanente consagró un catálogo de derechos fundamentales en favor de las víctimas del delito.
Marcada como culpable
En su denuncia, Kate del Castillo narró que, en el expediente por Responsabilidad Patrimonial del Estado, denunció la filtración de la averiguación previa que había en curso contra El Chapo Guzmán, con quien se le vinculó.
De igual manera, la orden de presentación y localización, para que declarara en calidad de “testigo”, cuando en realidad tenía la calidad de “indiciada” o “probable responsable”.
La negativa de permitirle, por conducto de su apoderado y abogados defensores, el acceso a la averiguación previa, lo que le impidió defenderse, “quedando marcada socialmente con el signo de la culpabilidad pese a no haber cometido ninguno de los delitos por las que fue señalada públicamente”.
Además, mencionó que presentó un escrito el 26 de enero de 2021, donde exhibió documentación relacionada con las declaraciones emitidas por la entonces procuradora General de la República, Arely Gómez González, y el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante diversos medios de comunicación.
“…entre estas, la entrevista que otorgó al periodista Joaquín López-Dóriga, de fecha 11 de enero de 2016…en el que se señaló que se emitió un citatorio” y que, se solicitó una orden de localización y presentación, provocando con ello daños psíquicos y morales a la quejosa, pues se desató una campaña de desprestigio en su contra, ya que dichas declaraciones no solo versaron en dar a conocer información contenida en la indagatoria, “sino que insinuaron la existencia de una relación sentimental” con el capo.
Es de mencionar que, el 20 de diciembre de 2018, la artista regresó a México procedente de Los Ángeles, California, Estados Unidos, y advirtió que demandaría a la PGR por 60 millones de dólares por la “persecución política” emprendida en su contra, misma que le provocó un daño moral y material.
DMZ