Renata tiene 26 años y desde hace cinco encabeza un colectivo que aboga por la regulación del uso recreativo de la marihuana. Jornadas de mesas de información, talleres de autocultivo y múltiples eventos culturales forman parte de su activismo que poco a poco comienza a cobrar relevancia entre consumidores pero, también, para policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx).
Tanto la joven como otras dos de sus compañeras son conscientes de que sus actividades podrían detonar en cualquier momento que se gire una órden de aprehensión en su contra por delitos contra la salud, una situación que es constante no sólo para ellas como activistas sino también para cualquier usuario de sustancias psicoactivas: la criminalización.
El prohibicionismo que existe en México en materia de drogas provoca que diariamente sean presentados ante agentes del Ministerio Público personas por narcomenudeo o por posesión simple. Eso, según refiere Renata, “si no tienen el recurso para sobornar a los polis”.
Si bien los delitos contra la salud se encuentran establecidos con todas sus consideraciones en el Código Penal Federal de México, activistas como Renata y organizaciones civiles como el Instituto RIA continúan buscando la forma abordar el consumo de sustancias psicoactivas más allá de la criminalización sino con una perspectiva de derechos humanos, justicia social y construcción de paz.
Consumo de drogas: de la salud pública a la seguridad
Hablar sobre drogas en México con frecuencia remite al narcotráfico. Cárteles, violencia, capos y múltiples figuras que poco a poco dejan fuera del discurso lo que originalmente es el consumo de sustancias psicoactivas: un problema de salud pública.
Múltiples son los motivos por los cuales las personas deciden consumir drogas, sin embargo, como en otros problemas de salud pública, son las medidas de prevención y tratamiento sustentadas en información científica, confiable y completa las que pueden ser de utilidad para entender mejor el problema.
En entrevista con MILENIO, la responsable del desarrollo organizativo del Instituto RIA, Dalel Pérez, señaló que el marco prohibicionista al uso de sustancias psicoactivas ha generado respuestas equivocadas al fenómeno toda vez que lo ha convertido más en un problema de seguridad que en uno de salud.
"En la experiencia no sólo de México, sino de otros países latinoamericanos que se han visto en la misma posición donde la violencia armada y la persecución están presentes, se desvía la atención de los recursos y no se atiende el problema en materia de salud pública [...] es como decir 'como ya es ilegal y como te vamos a perseguir, te estamos deshumanizando con la narrativa prohibicionista. No nos importa tu salud, ni como te sientas, no nos importa si vives o si mueres porque al final de cuentas tú te lo buscaste como persona usuaria'", reflexiona sobre la problemática la también Maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM.
Para Dalel Pérez, el prohibicionismo de las drogas también se convirtió en un fundamento político que legitima la violencia por parte de actores estatales y no estatales. Desde las comunidades de personas cultivadoras que no tienen oportunidades de movilidad social y hasta aquellas que padecen los estragos de la violencia armada, los desplazamientos, el despojo de tierras, las desapariciones forzadas, entre muchas otras consecuencias adversas.
DATo...La prohibición y el origen de la ‘guerra contra las drogas’
En junio de 1971, bajo el mandato del presidente Richard Nixon, Estados Unidos señaló al consumo de drogas como su enemigo público número uno. La declaración fue considerada como una emergencia nacional y tuvo múltiples consecuencias para los países productores de sustancias psicoactivas, incluyendo México y otros países de América Latina.
Además de los múltiples intereses económicos que motivaron la implementación de la prohibición en Estados Unidos, activistas y consumidores coinciden en que se realizó sin tomar en cuenta bases científicas, sino que más bien se basaron en argumentos morales y políticos.
La decisión de Estados Unidos influyó para que otras naciones que están cerca de su territorio ya sea geográficamente o en términos económicos, también adoptaran la misma política prohibicionista y se sumaran al combate a las drogas desde un enfoque de seguridad y no de salud.
"Hemos aprendido de décadas y décadas de estas estrategias de choque frontal que es una estrategia fallida, que está costando muchísimas vidas, que está teniendo costos humanos y en materia de derechos humanos muy altos", reflexionó Dalel Pérez del Instituto RIA en entrevista con MILENIO.
Los argumentos a favor y en contra
El consumo de drogas es una realidad en México. Los últimos datos sobre el panorama de los que se tiene registro son del 2017, cuando se realizó por última vez la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco.
Aún así, ante la demanda de los consumidores siempre ha existido una oferta que, al ser parte de una economía ilegal, el millonario negocio ha quedado en manos de actores no estatales que utilizan la violencia y la coerción para cuidar sus propios intereses.
La falta de regulación de dicho mercado supone también un riesgo para los consumidores. No sólo desde el encuentro con sus distribuidores sino también por la calidad del producto que les venden el cual puede llegar a ser modificado o combinado con sustancias distintas a las que creen estar ingiriendo.
"En cuestión de impuestos, en cuestión de ingresos, si es que el Estado llega a regular y tomar parte en estos mercados, ya se ha comprobado a través de encuestas e investigaciones que las personas usuarias de sustancias estarían dispuestas a pagar más por su sustancia si no tiene un rastro de sangre, un rastro de violencia", apuntó la experta.
Si bien pasar dicha economía al marco legal podría desestimular o disminuir el uso de violencia armada o en situaciones como la desaparición forzada o el trabajo esclavizado, uno de los argumentos en contra de este punto recae en la diversificación de las actividades criminales que grupos delictivos podrían buscar al perder su negocio de trasiego de drogas.
Por ejemplo, una dinámica documentada por InSight Crime da cuenta de que el auge de las drogas sintéticas como las metanfetaminas o los opioides sintéticos derivó en parte de la regularización del mercado de plantas psicoactivas como la marihuana en algunas entidades de Estados Unidos. Ante dicho panorama, algunos grupos criminales en México adoptaron como su principal economía delictiva ya no el tráfico de drogas sino la extorsión.
"Otro beneficio para toda la cadena de producción es quitar espacio para la corrupción del estado y las fuerzas armadas o las fuerzas militares o las fuerzas represivas. Porque sabemos que hay desvío de recursos y hay abuso de autoridad justamente porque estamos en un juego en el que todo se vale mientras haya resultados", apunta Dalel Pérez.
La coordinadora del Instituto RIA explica que la corrupción de actores estatales está presente en la cadena de consumo de drogas desde el policía que acepta “mordidas” para evadir una detención y hasta casos como los de presidentes municipales o gobernadores que se han vinculado con organizaciones delictivas cuyo principal negocio es el narcotráfico.
Contextos como el que Estados Unidos atraviesa actualmente por el consumo de fentanilo ha encendido las alertas también de la población civil ante la posibilidad de que una situación así se replique en México. No obstante, Dalel Pérez reconoce que el hecho de legalizar o regularizar sustancias psicoactivas no implica que más personas las vayan a consumir, no obstante, sí podrían marcar la diferencia para quienes ya las ingieren.
¿México está preparado para una legalización de las drogas? El debate es amplio y complejo. Abarca perspectivas históricas y sitúa la problemática en diversas esferas, pasando por la seguridad, la salud pública y hasta la relación que México tiene con Estados Unidos.
Pese a los múltiples factores que influyen en dicho fenómeno, en México las sustancias psicoactivas continúan siendo consumidas desde la persecusión y la criminalización lo que lleva a concluir a Dalel Pérez que hay transformaciones que no sólo son oportunas sino también necesarias y urgentes.
ATJ