Lenia Batres Guadarrama, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo que casos como el de la Guardería ABC, en el que 49 niños murieron durante un incendio el 5 de junio de 2009, muestran la necesidad de que los juicios ya cerrados puedan reabrirse para volverlos a estudiar a petición de las víctimas.
Lo anterior, porque en el citado caso es notorio y comprobable que hubo faltas a la administración de justicia.
Lenia Batres hace campaña para regresar a la Corte
Durante una visita a la capital de Hermosillo, Sonora, la ministra que busca repetir en el cargo a partir del primero de septiembre, ofreció una conferencia sobre la trascendencia de la reforma judicial.
Mencionó que, aunque la creación del Tribunal de Disciplina Judicial permitirá revisar la actuación de las personas impartidoras de justicia que sean acusadas de irregularidades en su función, es preciso también hacer más cambios legales en ese sentido.
Recordó que nuestro país es uno de los pocos donde no existe tipificado el delito de prevaricato, que se configura cuando se dicta a sabiendas y con dolo una sentencia arbitraria o injusta, por lo que es necesario avanzar en esta dirección.
“Creo que es una buena oportunidad para que en México se determine el prevaricato, que existe en casi todos los países, pero en México no. Entonces deberíamos incluirlo en nuestro Código Penal Federal por supuesto”.
“Y lo otro, pues es lo de la Guardería ABC, por supuesto, por supuesto que es absolutamente reprobable que se haya garantizado la impunidad, eso fue lo que garantizó nada menos que la Suprema Corte”, afirmó.
¿Qué pasó con la Guardería ABC?
El caso de la Guardería ABC llegó a la Corte cuyo Pleno, en junio de 2010, rechazó señalar la responsabilidad de altos funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del gobierno de Sonora, y validó el sistema de subrogación de guarderías, y sólo determinó la posible culpabilidad de servidores públicos de mediano y bajo rango.
Lenia Batres apuntó que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado la existencia de la “cosa juzgada fraudulenta”, y la necesidad de que los gobiernos legislen para evitar estas conductas que, además de constituirse en un abuso de poder, son una amenaza al Estado de derecho.
RM