La ministra Lenia Batres Guadarrama criticó la contrapropuesta de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, para reformar el sistema de seguridad y procuración de justicia, porque dijo que ya es muy tarde para ello, además de que no consultó al Pleno del Alto Tribunal.
“Se trata de una visión unilateral, cada vez más aislada y ajena a los reclamos del pueblo de México sobre el sistema de justicia”, apuntó.
A través de un comunicado la ministra afín al movimiento de la llamada cuarta transformación comentó que durante meses, desde que Piña Hernández informó que sería posible hacer una contrapropuesta, se le vino requiriendo para que la presentara.
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¿Qué dijo Lenia Batres?
“Sin embargo, se publica hasta ahora, en la fase final del proceso de aprobación de la reforma constitucional, lo cual resulta inoportuno y poco serio, pues nada impedía que se presentara durante los diálogos plurales anteriores al inicio de la discusión en la cámara de origen (Cámara de Diputados".
“Es hasta la inminente aprobación de la reforma, justo antes de que se vote en la cámara revisora (Senado), que presenta sorpresivamente su propuesta, lo que solo muestra un afán obstructivo, pues en ella no hace referencia a los temas de justicia que se discuten en la iniciativa”, agregó.
Lenia Batres aseguró que la propuesta de la presidenta de la Corte únicamente contiene un diagnóstico en materia de seguridad pública, pero omite referirse a la realidad y a la problemática de corrupción, lentitud, y sesgos elitistas, clasistas, racistas y sexistas que contiene actualmente la justicia mexicana.
Así como a la indispensable incorporación de la justicia social en sus resoluciones y al cumplimiento de diversas leyes que no se acatan por los órganos del Poder Judicial actualmente.
“Con esto evade su propia responsabilidad en la necesaria mejora del Poder Judicial Federal y, en cambio, pretende dictar directrices en materia de procuración de justicia”, subrayó.
Aunque el documento reconoce el nepotismo que impera en todos los niveles del Poder Judicial, abundó que éste demuestra la ausencia de fundamento para la defensa de la meritocracia, pues el ingreso a la llamada carrera judicial se ha dado por conexiones familiares y los ascensos por exámenes entre miembros de las familias que ya se encontraban en el propio Poder Judicial.
“Además, presenta el problema como un fenómeno ajeno a la propia voluntad de las personas juzgadoras que se han beneficiado y abusado de esta situación".
“Fuera de ello, se trata de un documento totalmente acrítico, ajeno a la demanda de democratización del Poder Judicial, así como a los problemas de corrupción y a la urgencia de resolución de los asuntos de manera eficiente, temas que sí son abordados por la propuesta de reforma a consideración de la Cámara de Senadores”, destacó.
La togada recordó que en el Pleno de la SCJN se requirió en diversas ocasiones a Piña Hernández de realizar un esfuerzo de interlocución con los otros poderes.
“Se propuso formular un proyecto de reforma mínima de consenso por parte del Poder Judicial de la Federación. Hoy se constata su desprecio a la posibilidad de representar al Poder Judicial en su conjunto ante su reiterada actuación facciosa en representación de una sola posición de integrantes de la SCJN”.
Dejó claro que, aun cuando cada ministro o ministra tiene derecho a reivindicar su propio punto de vista, es absolutamente reprobable que la ministra presidenta lejos de abrir la posibilidad de diálogo con los otros poderes, termine de impedirlo al encabezar ella misma la clausura del recinto parlamentario, sede de la representación democrática y plural de nuestro país.
Recalcó que los titulares del Poder Judicial de la Federación —jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras— están rebasando la frontera de la legalidad, al impulsar el sabotaje de las instituciones del Estado mexicano.
“Al encabezar la defensa de sus propios intereses, han dejado al Poder Judicial en entredicho, incluso para resolver cualquier tema que se derive de la reforma judicial a discusión”, finalizó.
Norma Piña presenta contrapropuesta
¿Qué dice la contrapropuesta de la Corte?
En ese mismo sentido, sobre la contrapropuesta de reforma al Poder Judicial, que difundió la Ministra Presidenta, cabe aclarar que no fue consultada con el Pleno de la SCJN —como correspondería a una postura de un órgano colegiado—. Se trata de una visión unilateral, cada vez más aislada y ajena a los reclamos del pueblo de México sobre el sistema de justicia.
En la sesión privada del lunes 9 de septiembre, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por ocho votos alargar el paro de labores que asumió desde el pasado 3 de septiembre, a petición de dos asociaciones civiles.
Ante esta situación reitero que esto vulnera el derecho humano de acceso a la justicia del pueblo de México y además atenta contra la democracia constitucional al paralizar a uno de los tres Poderes de la Unión.
Estas conductas no tienen ninguna base jurídica. Se trata solamente de acciones políticas que tienen como finalidad sabotear el análisis y la discusión que se realiza en estos momentos en el Senado de la República sobre la reforma judicial.
En ese mismo sentido, sobre la contrapropuesta de reforma al Poder Judicial, que ayer difundió la Ministra Presidenta, cabe aclarar que no fue consultada con el Pleno de la SCJN, como correspondería a una postura de un órgano colegiado.
Se trata de una visión unilateral, cada vez más aislada y ajena a los reclamos del pueblo de México sobre el sistema de justicia.
Durante meses, desde que la Ministra Presidenta informó que sería posible hacer una contrapropuesta, se le vino requiriendo para que la presentara.
Sin embargo, se publica hasta ahora, en la fase final del proceso de aprobación de la reforma constitucional, lo cual resulta inoportuno y poco serio, pues nada impedía que se presentara durante los diálogos plurales anteriores al inicio de la discusión en la cámara de origen.
Propuesta de la Corte se da antes de presentarse ante el Senado
Es hasta la inminente aprobación de la reforma, justo antes de que se vote en la cámara revisora, que presenta sorpresivamente su propuesta, lo que sólo muestra un afán obstructivo, pues en ella no hace referencia a los temas de justicia que se discuten en la iniciativa.
Únicamente contiene un diagnóstico en materia de seguridad pública, pero omite referirse a la realidad y a la problemática de corrupción, lentitud, y sesgos elitistas, clasistas, racistas y sexistas que contiene actualmente la justicia mexicana.
Así como a la indispensable incorporación de la justicia social en sus resoluciones y al cumplimiento de diversas leyes que no se acatan por los órganos del Poder Judicial actualmente.
Con esto evade su propia responsabilidad en la necesaria mejora del Poder Judicial Federal y, en cambio, pretende dictar directrices en materia de procuración de justicia.
El documento, no obstante, reconoce el nepotismo que impera en todos los niveles del Poder Judicial, lo que demuestra la ausencia de fundamento para la defensa de la meritocracia, pues el ingreso a la llamada carrera judicial se ha dado por conexiones familiares y los ascensos por exámenes entre miembros de las familias que ya se encontraban en el propio organismo.
Además, presenta el problema como un fenómeno ajeno a la propia voluntad de las personas juzgadoras que se han beneficiado y abusado de esta situación.
Fuera de ello, se trata de un documento totalmente acrítico, ajeno a la demanda de democratización del Poder Judicial, así como a los problemas de corrupción y a la urgencia de resolución de los asuntos de manera eficiente, temas que sí son abordados por la propuesta de reforma a consideración de la Cámara de Senadores.
Cabe destacar que en el Pleno de la SCJN se requirió en diversas ocasiones a la Ministra Presidenta realizar un esfuerzo de interlocución con los otros poderes. Se propuso formular un proyecto de reforma mínima de consenso por parte del Poder Judicial de la Federación.
Hoy se constata su desprecio a la posibilidad de representar al Poder Judicial en su conjunto ante su reiterada actuación facciosa en representación de una sola posición de integrantes de la SCJN.
Aun cuando cada ministro o ministra tiene derecho a reivindicar su propio punto de vista, es absolutamente reprobable que la Ministra Presidenta, lejos de abrir la posibilidad de diálogo con los otros poderes, termine de impedirlo al encabezar ella misma la clausura del recinto parlamentario, sede de la representación democrática y plural de nuestro país.
Los titulares del Poder Judicial de la Federación —jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras— están rebasando la frontera de la legalidad, al impulsar el sabotaje de las instituciones del Estado mexicano.
Al encabezar la defensa de sus propios intereses, han dejado al Poder Judicial en entredicho, incluso para resolver cualquier tema que se derive de la reforma judicial a discusión.
Finalmente, cabe reiterar que la suspensión de actividades de la SCJN es causa de juicio político, pues el artículo 109, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, advierte que procede el juicio político para la destitución de cualquier servidor público que:
“Incurra en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.
No existe ninguna ley que permita a los ministros y ministras suspender su función jurisdiccional, y mucho menos, seguir devengando su sueldo mientras mantienen paralizada su función.
RM