Un tribunal federal ordenó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado de Nuevo León que evalúe la situación familiar y se exija a los padres de un menor de edad que sea inscrito en una escuela pública o privada autorizada, ya que solo ha recibido educación por parte de ellos, en su casa, por siete años.
El Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Cuarto Circuito señaló que el derecho a la educación, no puede quedar condicionada a la decisión de los adultos que se encargan del cuidado de los menores.
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“Pues incluso en el caso de sus padres, las preferencias de estos no pueden privar a sus hijos de un bien básico para su vida autónoma como es la educación, porque los hijos no son una extensión de los padres sino personas potencialmente autónomas que tienen derechos fundamentales frente a todas las demás, incluidos sus propios padres, entre los que se cuenta el de acceder a los bienes básicos para su autonomía, como es la educación", detalla la resolución.
"En este sentido, la posición de los padres frente a los hijos o de quienes los tienen bajo su cuidado (al igual que la del Estado), es la de un sujeto obligado a proveer de ese bien básico y a respetar su contenido esencial”, expone.
¿Cómo se supo del caso?
El caso se puso al descubierto porque los padres del menor buscaban reincorporar al niño al sistema educativo tradicional para el ciclo escolar 2022-2023.
Solicitaron a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, información sobre los procesos de acreditación y certificación de educados en casa, así como el temario del examen de conocimientos que el niño debería presentar para ingresar a segundo grado de primaria.
Sin embargo, las autoridades señalaron que el menor debía presentar un examen global de conocimientos, pero no entregaron el temario.
Los padres presentaron un recurso de revisión ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León, misma que ordenó a la Subsecretaría de Educación Básica entregar el documento, pero, la orden no fue cumplida.
Esto llevó a los padres a promover un amparo y solicitaron la suspensión provisional para que se les entregara; no obstante, la jueza de Distrito negó la suspensión.
Ahora, el Tribunal Colegiado revocó la decisión de la juzgadora y concedió la suspensión provisional.
Asimismo, ordenó que se entregara a los padres el documento referido del examen para que pudiera prepararse y reincorporarse al sistema formal.
También, se ordenó dar vista del caso al DIF para que evaluara la situación familiar y se exigiera a los padres la inscripción del menor en una escuela pública o privada autorizada.
“Con el fin de que tome conocimiento del presente asunto y lleve a cabo en el ámbito de su competencia las medidas necesarias y pertinentes, para salvaguardar y garantizar el interés superior del menor de que se trata, exigiendo a los padres, bajo los apercibimientos de sanción, que inscriban a su menor hijo en alguna escuela pública o privada autorizada", mencionan.
Además, debido a la dilación, se exhortó a la jueza a actuar con mayor diligencia en casos futuros que involucren derechos fundamentales, en este caso los de menores de edad.
MD