El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, alertó que la figura del juicio de amparo se está viendo severamente amenazada por la intolerancia, tras la reforma que elimina las suspensiones con efectos generales, la cual —dijo— es indispensable para defender los intereses legítimos reconocidos por la Constitución.
En Mérida, Yucatán, donde inauguró el Cuarto Encuentro Nacional por una Agenda de Seguridad y Justicia, el ministro señaló que el pilar fundamental para garantizar y proteger la integridad, la libertad, la igualdad, la seguridad, la propiedad y los demás derechos que prevé nuestro sistema jurídico es, el juicio de amparo.
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Por ello, abundó, es responsabilidad y tarea de todos protegerlo en su integridad, “a fin de evitar que este medio de defensa sea debilitado o traicionado por algún grupo de la legislatura”.
“No puedo dejar de expresar mi preocupación, precisamente por la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo, conocida por todos nosotros”, apuntó.
Pérez Dayán recordó que la más importante defensa jurisdiccional de la Constitución y los derechos humanos nació en Yucatán.
“Es lamentable en este también gran estado venir a reconocer hoy que para muchos esta figura se ve severamente amenazada por la intolerancia”, enfatizó.
El togado subrayó que la suspensión en el juicio de amparo asegura la tutela preventiva de los derechos e intereses colectivos y difusos, principalmente de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; cuyo cumplimiento y exigibilidad constituye una obligación humana a cargo del Estado mexicano.
El avance de ésto, ha sido producto de la jurisprudencia nacional a lo largo de muchos años.
“Y es así, que, regreso al juicio de amparo y me pregunto ¿acaso la existencia de un juicio, cuya finalidad es proteger los derechos humanos, realmente defenderá y protegerá nuestro futuro y el de nuestras generaciones, si quienes lo tramitan no pueden impedir que una actividad que impacta negativamente en el ambiente se detenga”.
“Esta es un interrogante principal que nos envuelve con un gran dilema: la suspensión con efectos generales es fundamental para defender los intereses legítimos reconocidos por la Constitución federal”, expresó.
RM