Los linchamientos en comunidades del país donde la población acusa inacción de las autoridades en materia de seguridad se incrementaron en la última década.
En 2018 se conocieron un par de casos como el de Metepec, Hidalgo, en el que pobladores golpearon y prendieron fuego a cuatro personas afuera del edificio del ayuntamiento; un hombre murió y tres más permanecen hospitalizados.
En Cuajimalpa, en la Ciudad de México, el pasado 10 de septiembre, un hombre fue acusado de haber robado a un menor, por lo que pobladores retuvieron al sujeto, lo llevaron hasta la iglesia y lo golpearon hasta matarlo.
En el poblado de Xochiaca, municipio de Tenancingo, un hombre de aproximadamente 30 años fue linchado por cerca de 100 habitantes, quienes lo señalaban como presunto secuestrador de menores.
En 2004, en San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac, algunos vecinos lincharon a tres policías federales al acusarlos de presuntos secuestradores.
"Los linchamientos son producto de falta de acción de las autoridades encargadas de la seguridad pública y de una acusación popular, la cual puede ser cierta o falsa en perjuicio de acusados que no son puestos a disposición de las autoridades", refiere un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez.
Según el director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas Rodríguez, "cuando hay un linchamiento es porque ya hubo una impunidad, los ciudadanos que toman la justicia por su propia mano desconfían de la justicia por parte del gobierno", menciona el documento.
En los últimos años el porcentaje de intentos de linchamiento aumentó, de cada cinco intentos, uno termina en asesinato.
En el estudio "Linchamientos en México: recuentos de un periodo largo (1988-2014)" elaborado por el investigador Raúl Rodríguez Guillén del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco puntualiza que "en los últimos 26 años se registraron al menos 366 casos relacionados con el linchamiento en diferentes en diferentes entidades de la República Mexicana, fenómeno que se registra principalmente en la zona centro-sur del país".
Algunos datos mencionan que en 1997 se registraron 27 casos, mientras que en 2010 fueron 47 incrementos y en 2013, 40.
Los linchamientos también pueden ser utilizados por la delincuencia organizada para rechazar afectaciones a sus intereses, al aprovechar la desinformación de los vecinos.
Un obstáculo para la justicia por casos de linchamiento es que en los ministerios públicos se denuncian los delitos por el cual el afectado fue golpeado y entregado a la justicia en el mejor de los casos.
La víctima, sin embargo, puede no reconocer a quienes lo agredieron, por lo que la agresión se pierde en el anonimato y no hay a quien comprometer directamente hasta que no haya una investigación que deslinde responsabilidades.
Por tanto, esclarecer los actos de linchamiento y llevar a la justicia a los causantes “implicaría un ataque de las autoridades contra el delito y un mejoramiento notable en la procuración de justicia que reduzca la impunidad. Ambas demandas ocupan desde hace mucho los primeros lugares entre las prioridades del país”.
bgpa