La noche del miércoles 16 de febrero, un grupo aproximado de 50 elementos del Ejército mexicano, personal de la Guardia Nacional y policías ministeriales ingresaron a la cabecera municipal de Quechultenango; sin embargo, unos 300 pobladores, principalmente mujeres y jóvenes, impidieron que hicieran su trabajo y para evitar confrontaciones, se retiraron en medio de los gritos de una turba que les señaló que no los necesitaban porque ahí se vive en paz.
Fueron increpados, acusados de interrogar a niños, de importunar a mujeres, ingresar a domicilios sin autorización y de alterar la vida de las personas.
"¡Vayan a Chilpancingo, Acapulco, Iguala o Taxco, allá sí los necesitan, aquí vivimos en paz!", gritaban una y otra vez, lo mismo a través de altoparlantes que a capela.
Con cartulinas de diferentes colores, los pobladores solicitaban que las fuerzas de seguridad se salieran de la zona, ya que ahí la incidencia delictiva es casi nula; no hay secuestros ni extorsiones, pues aseguran: “los vecinos se protegen unos con otros”.
Incluso, una mujer en los momentos en que se increpaba al personal militar y policiaco declaró: “¿Buscan a Los Ardillos? Pues sepan que ¡Todos nosotros somos Ardillos!”
Los lugareños pedían que al lugar llegara el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, con quien, aseguraron, firmarían un acuerdo que les permitiría tener las garantías de que no se presentaría una nueva incursión.
Al final, llegaron los mandos de la 35 Zona Militar, el director de Gobernación, Francisco García González, y el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, con quien firmaron una minuta de acuerdos.
En ella, se establece que militares y policías no pueden instalar campamentos en la zona denominada como Circuito Río Azul, comprendida desde la comunidad de Petaquillas, el municipio de Mochitlán, Quechultenango y que alcanza también parte importante de la zona rural de Chilapa.
Cuando el ingreso de cualquier cuerpo de seguridad se requiera en la zona, los elementos deberán ser acompañados por la Policía Preventiva Municipal o en su defecto, los integrantes de las guardias comunitarias.
La firma de dicho documento fue cuestionada por usuarios de redes sociales, que siguieron las acciones del miércoles en diferentes plataformas digitales que transmitieron los hechos en tiempo real.
Pero fue el Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero (CIPOG), el que a través de un comunicado explicó la dimensión de lo que había sucedido: “Negociaron con sicarios”.
El primer golpe en más de 20 años
Un día después de esos hechos, la noche del jueves 17, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado en el que informó sobre la detención de un hombre, el aseguramiento de 11 vehículos con reporte de robo, 28 kilos de mariguana, un arma de uso exclusivo, cartuchos útiles y tres tigres de bengala.
La FGE indicó que lo anterior fue producto del cumplimiento a una orden de cateo concedida por un juez de control, misma que se cumplimentó el martes 15 de febrero de 2022 en un inmueble ubicado en la calle Libertad, de ese municipio.
El informe detalla el aseguramiento de siete vehículos con reporte de robo en un terreno con características de deshuesadero, en el poblado de Tlanicuilulco.
Puntualizó el cateo de cinco inmuebles donde se encontraron autopartes, entre ellas 10 puertas de vehículos de diferentes marcas, siete radiadores, siete condensadores, siete salpicaderas, tres cofres, dos tableros, un medallón, así como dos motores y cuatro vehículos desarmados, los que tienen reporte de robo.
Se agregó que tres tigres quedaron a disposición de la autoridad competente, y todo lo demás a disposición del Ministerio Público correspondiente en el municipio de Chilpancingo de Los Bravo.
Y aunque hubo una minuta firmada la medianoche del miércoles en la cabecera municipal de Quechultenango, la FGE manifestó que “continuará con los operativos de seguridad, dando seguimiento a las líneas de investigación que permitan la aprehensión de los probables responsables”.
El impenetrable Circuito Río Azul
Desde 2010, en la zona de nominada como el Circuito Río Azul, comprendida por los municipios de Mochitlán y Quechultenango, pero con accesos estratégicos en comunidades de Chilpancingo y Chilapa, se consolidó la presencia de una organización delictiva: Los Ardillos.
Desde 2012, se tiene conocimiento de una prolongada confrontación entre Ardillos y Rojos, en la lucha por el control de Chilapa de Alvarez, pero en los últimos años dicha confrontación se ha hecho extensiva hacia localidades ubicadas en La Montaña baja, como la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla y el Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero (CIPOG).
Existe una larga historia de masacres y enfrentamientos con el saldo de por lo menos 500 víctimas mortales, de acuerdo con el recuento hecho por el colectivo “Siempre Vivos”, que desde 2015 lleva un registro de muertos y desaparecidos en la zona, particularmente por la pugna entre Rojos y Ardillos.
La violencia alcanza también a pueblos de Zitlala, donde hay comunidades como Quetzalcoatlán de Las Palmas, que en 2017 perdió a más de la mitad de sus pobladores, quienes fueron desplazados por no sumarse a la estructura del crimen.
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Parte importante de los desplazadados de Quetzalcoatlán fueron respaldados por el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, que actualmente se encuentra fuera de Guerrero también por las amenazas en su contra.
El 26 de enero pasado, una incursión en la base de operaciones de Buena Vista de la Salud, municipio de Chilpancingo, dejó el saldo de cuatro autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) asesinados.
Hubo dos muertes más, pero las víctimas fueron integrantes del grupo agresor cuando intentaban llegar a la comunidad de Acahuizotla y se toparon con personal de Fuerzas Especiales de la Policía del estado.
Se informó que los agresores abatidos eran integrantes de Los Ardillos y que regresaban de participar en el ataque a la base de Buena Vista de la Salud; pretendían entrar hacia Quechultenango por los caminos de terracería de la zona.
Si bien la relatoría de enfrentamientos de Los Ardillos es muy larga, nunca se han dado en la cabecera ni en las comunidades cercanas a Quechultenango.
Desde hace más de dos décadas, la zona de influencia de Los Ardillos se ha considerado como impenetrable para los cuerpos de seguridad institucionales.
Ni siquiera el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) pudo permanecer en la comunidad de Petaquillas, donde había instalado una base de operaciones que fue expulsada por estar ubicada en el paso del Circuito Río Azul hacia la carretera federal México-Acapulco.
Por esa razón, lo reportado por la FGE la noche del 17 de febrero, representa un primer gran golpe a una de las organizaciones delictivas más poderosas en Guerrero.
Tlanicuilulco, donde se aseguraron los tres tigres de Bengala, es la tierra natal de los hermanos Celso, Iván y Antonio Ortega, quienes son considerados como los principales líderes de la organización.
El mismo obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, llegó a declarar públicamente que la zona controlada por dicha organización “es la más segura del estado”, en un discurso parecido al utilizado por los pobladores que la noche del miércoles 16 de febrero.
DMZ