Un tribunal federal otorgó un amparo a Luis Armando Rabbé Tejada, ex presidente del Congreso de Guatemala, resolución que suspendió su extradición y que ordena al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, valorar si el reclamado es un perseguido político.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal indicó que la SRE debe dejar sin efecto la resolución del 8 de mayo de 2019, relativa a la solicitud de extradición internacional presentada por Guatemala.
La dependencia federal deberá emitir un nuevo pronunciamiento, de manera fundada y motivada, analizando el planteamiento formulado por una juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrita al reclusorio Sur, quien señaló que hay “sospechas” que generan la posibilidad de que, como lo sostuvo el reclamado, se pretenda perseguirlo por sus ideas políticas y por los actos que ha realizado en contra de los intereses de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG).
El señalamiento de la juez se emitió con base a las pruebas aportadas por Rabbé Tejada y su defensa y que fueron valoradas por la juzgadora. Los magistrados del Tribunal Colegiado dieron un plazo de cinco días a la SRE para cumplir con la sentencia.
Presión a jueces para conseguir fallos
La cancillería tendrá que valorar si la CICIG, entidad creada por las Naciones Unidas para juzgar a Rabbé, incurrió en excesos, ante las sospechas de que presionó a jueces para conseguir fallos y comenzar una persecución a quienes opinan políticamente diferente.
En julio de 2018, Armando Rabbé fue detenido en Monterrey, Nuevo León, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), debido a una orden de captura internacional solicitada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), motivo por el cual Interpol emitió, en noviembre del mismo año, una ficha roja.
La orden de aprehensión en Guatemala fue signada por el juez de Primera Instancia Penal en Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, en septiembre de 2016.
El ex congresista está acusado en su país de los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción, tras presuntamente haber autorizado contrataciones en el legislativo de personal no calificado, cuando presidió la Junta Directiva del Congreso entre 2015 a 2016.
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Funcionarios federales en México informaron que Rabbé Tejada era requerido porque aprobó un gran número de contrataciones irregulares de personal, quienes percibían entre 8 mil y 20 mil quetzales mensuales, sin que se presentaran a laborar, siendo acciones que causaron daños al erario público de Guatemala.
Con el propósito de evadir la acción de la justicia, envió una carta a la Presidencia del Congreso en la cual solicitó una ampliación de licencia para ausentarse de sus labores durante un mes, sin goce de salario; sin embargo, la junta directiva del Parlamento rechazó su petición. Posteriormente, en agosto de 2016, se tuvo conocimiento que se encontraba en territorio mexicano.
irh