La sentencia del tribunal colegiado que ordenó la creación de la Comisión de la Verdad del caso Iguala generó controversia entre constitucionalistas, algunos de los cuales afirmaron que los magistrados se extralimitaron en sus funciones, mientras que otros aseguran que el tribunal sí podía hacerlo por tratarse de un caso relacionado con derechos humanos.
MILENIO consultó a Carlos Daza Gómez, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien dijo que la resolución del colegiado se excedió, porque invadió una esfera que no le corresponde.
Daza indicó que los magistrados sólo tenían que señalar las violaciones a los derechos humanos que presuntamente se cometieron contra los supuestos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que se ampararon.
La decisión del tribunal, advirtió el jurista, puede generar una “situación de impunidad”, porque si algunos de los amparados a los que se ordenó reponer el procedimiento, participaron en la desaparición de los estudiantes se corre el riesgo de que queden libres.
El constitucionalista Fabián Aguinaco Bravo, hijo de Vicente Aguinaco, ex presidente de la Corte, dijo que en la Ley de Amparo un tema fundamental es la restitución de los derechos y conforme a los precedentes de la CIDH, los tribunales deben buscar la forma de restituirlos, por lo que la creación de la comisión puede ser una forma.
“El tribunal determinó crear esta comisión formada por la CNDH, por los padres y por el MP, y le da una situación preponderante a la comisión y a los padres.
“¿Puede un Tribunal o un juez conceder medidas de este tipo? Yo estimo que sí, porque está pretendiendo llevar medidas para que se cumpla una sentencia, y desde mi punto de vista y de la Ley de Amparo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí podrán estar haciéndolo”. Recordó que otros países han establecido, por la gravedad de los casos, conformar dichas comisiones.
El jurista Alberto del Castillo mencionó que en el fallo del tribunal se observa un interés de justicia y de procurar la verdad, o sea, dar pauta para esclarecer los hechos para saber quién tiene responsabilidad en este asunto.
Enfatizó que la creación de la Comisión de la Verdad es un tema muy trascendente, porque se busca cambiar una versión que se ha dado en nuestro país, “en el sentido de administrar justicia sin saber si realmente quien está en la cárcel es responsable de los delitos”.
“Estamos viendo, en este caso concreto, que el tribunal colegiado de circuito está mandando reponer el procedimiento por posible acto de tortura contra las personas detenidas, y si estos actos de tortura son confirmados, son ratificados con el Protocolo de Estambul, vamos a estar en serios problemas, porque entonces la verdad histórica está muy lejos de todo lo que se nos vino vendiendo desde el día de los hechos”, expresó.
Sergio López Ayllón, calificó la decisión de crear la Comisión de la Verdad como una locura, ya que contraviene lo establecido en la Constitución al subordinar al MP a lo que digan las víctimas.
En entrevista con Carlos Puig en MILENIO tv, consideró que si bien esta determinación es “jalar el hilo por donde no se debe”, la alternativa debió ser dictar la liberación de los detenidos, y ese es un paso muy difícil.
jbh