DOMINGA.– Un titular perfecto para la época que vivimos: récord de divorcios, disputas por custodias compartidas, y un clima social donde muchos hombres sienten –o dicen sentir– que el sistema legal los excluye de la crianza. La noticia se vendió como un hito: “Primera mujer en México vinculada a proceso por violencia vicaria”.
El aplauso fue inmediato. En redes, los padres celebraron. Para algunos era la lectura de una revancha largamente esperada; para otros, la prueba de que la justicia por fin “equilibraba la balanza” de géneros. Pero el diablo, como siempre, estaba en los detalles. Lo que casi ninguna nota narró es esto: el hombre que la denunció –su expareja– sí mantiene comunicación constante con sus hijos. Hablamos de videollamadas frecuentes, visitas presenciales documentadas y con testigos. Así lo comprobó DOMINGA, la revista digital de MILENIO.
Ese dato no apareció en las portadas ni en los encabezados que se hicieron virales, publicitando el “triunfo de la machósfera”. Y sin ese contexto, esta historia –originada en Saltillo, Coahuila– cambia por completo. Porque no se trata sólo de quién fue vinculada a proceso ni de la prisión domiciliaria que el juez ordenó bajo el argumento de un posible riesgo de fuga. Se trata de a quién se le borró la voz.
Estela Guadalupe de Casso Blanco es médica anestesióloga de alta especialidad. Es madre de Emmanuel y Estelita, de cinco y siete años de edad. Hace cinco años denunció a su expareja por violencia familiar, según consta en el expediente 2052/2021. Ese antecedente también fue omitido en esta narrativa.
Mientras tanto, Jonhy Emmanuel N. –cirujano cardiotorácico y uno de los médicos más reconocidos de Saltillo– ocupó los micrófonos en radio, televisión y periódicos. Antes incluso de que el tribunal procediera contra Estela, él ya daba entrevistas llorando en medios locales. A veces vestido con uniforme médico. Otras, como representante del colectivo Padres por la Verdad. El mensaje era siempre el mismo: “Sólo quiero ver a mis hijos”.
Casi siempre sostenía una cartulina con un número escrito: los días que –según él– llevaba sin verlos, acompañado del hashtag #SoyPapáNoCriminal. Un médico que llora, conmueve. El estereotipo ayuda: camisa de cirujano, prestigio, autoridad moral, incluso frialdad quirúrgica. “Pobrecito doctor”, pensaron –y escribieron– muchos lectores. La imagen de víctima se vendió bien. Demasiado bien. Porque ver a un médico quebrarse públicamente, hablar de su vida personal y asumirse como víctima no es algo común. Y eso generó empatía inmediata.
En reels con cerca de 100 mil reproducciones, Jonhy N. acusaba a Estela de 38 años de maltrato físico y psicológico contra los niños. Decía que su hijo estaba “lleno de lesiones, de la frente a los pies”; que su hija había sido “violentada”. Los titulares replicaron sin cuestionar y sin darle voz a ella: “Padre de familia que desde hace 14 meses no ha podido ver a sus hijos alza la voz desesperado”.
El punto de quiebre llegó el 26 de enero de 2026, cuando un juez procesó por violencia vicaria a Estela. Ahí, los reflectores lo convirtieron en héroe. Desde ese día, las abogadas y abogados de lo familiar en Saltillo se volvieron los más solicitados. Los teléfonos no dejaron de sonar. Muchos hombres querían seguir los pasos de Jonhy N. y vincular a proceso a las madres de sus hijos.
El antecedente que nadie quiso ver
Padres por la Verdad –el colectivo al que pertenece Jonhy N.– inició una recolección de firmas en Change.org. La consigna: “igualdad ante la ley para los hombres”. Hasta el 18 de febrero habían reunido 17 mil 341 adhesiones. El objetivo es llevarlas al Congreso e impulsar una reforma que, aseguran, busca “equidad” entre hombres y mujeres.
Hay otro dato que casi nadie mencionó: la petición no fue creada por un hombre, sino por Daí Beltrán, quien se presenta como una madre preocupada porque –según escribió– “hombres inocentes pueden ver su vida arruinada por denuncias falsas”.
La narrativa estaba servida: padres víctimas, leyes injustas, mujeres denunciando en falso. Pero las cifras cuentan otra historia. De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres, 90% de los casos de violencia vicaria son cometidos por hombres contra mujeres. Aplicar esta figura a la inversa —advierten especialistas— no sólo desvirtúa su naturaleza jurídica: vacía de contenido una herramienta creada para responder a una desigualdad estructural.
La violencia vicaria fue conceptualizada en 2012 por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro como una forma específica de violencia de género: el agresor daña a la mujer a través de sus hijos e hijas. Y se ha buscado legislar en varios países.
En México, su reconocimiento legal ha sido lento. En 2018 se presentaron las primeras iniciativas para incorporarlas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero quedaron estancadas. Fue hasta 2022 que el Senado aprobó su definición formal como violencia ejercida mediante hijas o hijos con el propósito de dañar emocionalmente a la madre. Y en 2023 Coahuila la reconoció.
Para 2024, se habían interpuesto 609 denuncias por violencia vicaria en el país. No existía una sola sentencia condenatoria, según la investigación de María Gabriela Arreola Martín en su tesis Violencia vicaria en el Área Metropolitana de Guadalajara. Análisis jurídico y barreras en el acceso a la justicia (2025), del ITESO, sobre barreras en el acceso a la justicia. Ese es el contexto jurídico.
Ahora, el antecedente fáctico tampoco fue portada. En noviembre de 2021, un mes después de la separación, Jonhy pasó por los niños como cada domingo. Aún tenía llaves del domicilio. Entró. Salió con ellos. Pero esa vez no los devolvió. Los mantuvo ocultos durante una semana. Llamó a Estela para advertirle que no pensaba regresarlos. Ella tuvo que acudir al DIF, a la policía y a un juez para recuperarlos. Mientras los retenía, presentó una denuncia por abandono y solicitó la guarda y custodia.
La autoridad comprobó que había sustraído a los menores y mentido ante el juzgado. El juez suspendió sus convivencias durante cuatro meses. Ese episodio –grave, documentado en expediente– no apareció en titulares. Sin ese antecedente, la historia parecía una cruzada por la paternidad. Con él, se convierte en otra cosa.
Violencias que no hacen titulares
Un año después de la sustracción Estelita y Emmanuel, en 2022 firmaron en Saltillo un convenio de convivencias: Jonhy los recogería en el colegio los lunes, miércoles y viernes. Tras recuperar a sus hijos, Estela perdió cerca del 80% de su trabajo privado. Jonhy habló con colegas médicos para que dejaran de llamarla a quirófano. Incluso uno se lo confesó: “Yo trabajaba muy a gusto contigo, pero Jonhy me pidió que dejara de hacerlo. Dijo que era por la situación legal”.
Poco importó que Estela tuviera alta especialidad en anestesiología y trayectoria en instituciones públicas clave del norte del país –en Monterrey– y del IMSS, como las Unidades Médicas Alta Especialidad No. 25 y No. 34. La difamación fue suficiente para dejarla sin ingresos.
Jonhy la asfixió económicamente. Canceló el seguro de gastos médicos mayores de los niños –vigente desde su nacimiento– aun sabiendo que Emmanuel padece una enfermedad endocrina que requiere tratamiento prolongado. Dejó de pagar la mitad de la hipoteca de la casa –que le correspondía– sin avisar. La difamó en la comunidad médica. Eso también es violencia pero no viraliza. Estela tuvo que salir de Saltillo con sus hijos y regresar a vivir con sus padres, en Colima.
En 2024, Jonhy y sus abogados dejaron de responder llamadas durante cuatro meses. El propósito: frenar la posibilidad de establecer un nuevo convenio, ahora en Colima. Estela le escribió en un WhatsApp: “Dime si ya no quieres saber de los niños y dejamos de hacerte videollamadas, porque cada vez que llamamos no respondes y ellos se ponen tristes”.
Jonhy ha evitado firmar ningún acuerdo. La convivencia con sus hijos se ha limitado a videollamadas o a encuentros en casa de familiares de Estela, siempre con terceros presentes. La última vez que viajó a Colima fue en Año Nuevo de 2025. Aun así, un mes y medio después consiguió que un juez la vinculara a proceso por violencia vicaria.
La violencia vicaria nació para proteger a las mujeres de agresores que las dañan a través de sus hijos. No es un delito simétrico: su bien jurídico tutelado es la integridad psicoemocional de la mujer, no el conflicto parental en abstracto. Aun así, en Coahuila, la ley se volteó, denuncian abogadas consultadas por DOMINGA.
El 21 de enero de 2026, en su primera audiencia, Estela llegó al Centro de Justicia Penal y encontró la sala llena de hombres del colectivo Padres por la Verdad. Había unos ocho o nueve adentro. La amedrentaron. El juez Reynold Elguezabal Dávila le dictó arresto domiciliario, pese a que siempre se presentó voluntariamente ante la autoridad. “Desde ese momento se veía hacia dónde iba la balanza”, dice Estela, en una de las diversas entrevistas que dio a este medio.
La mayoría de las veces lo hace aun sin maquillar ni reparar en la ropa que viste. Hoy, todavía sigue sin sentirse con ánimo para planear cómo presentar su imagen ante los medios, a diferencia de Jonhy.
El 26 de enero, la escena se repitió. Esta vez había unos 40 hombres afuera del juzgado: barbudos, con gabardinas, rapados. El mensaje fue explícito: “Vamos a hacer lo necesario para destruirte”. Estela supo que tenía que defenderse o llevarlo a los medios o lo que fuere para protegerse. Ese día nació el precedente que se volvió viral.
El giro institucional
El 31 de enero de 2026, la Secretaría de las Mujeres anunció que acompañará a Estela. La titular, Citlalli Hernández, fue contundente: vincular a una mujer por violencia vicaria contradice la naturaleza jurídica de la figura, vulnera principios constitucionales y puede convertirse en un mecanismo de revictimización.
La Suprema Corte ya resolvió que no es discriminatorio que esta violencia esté tipificada como una forma específica de violencia de género. Existen otros tipos penales –como la violencia familiar– para proteger a los hombres. El 90% de los casos de violencia a través de terceros se ejerce de hombres hacia mujeres. Vaciar de contenido esa lucha no es igualdad: es regresión.
Este caso no trata de negar que existan padres víctimas. Tampoco de minimizar el dolor de nadie. Trata de algo más incómodo: de cómo un relato bien construido puede aplastar a otro. De cómo el poder simbólico –prestigio, género, narrativa– inclina la balanza. De cómo una ley creada para proteger a una mujer puede ser usada para castigarla. Y de cómo, detrás del “hito histórico”, hay una mujer a la que intentaron borrar.
GSC / MMM