El uso del cannabis con fines no medicinales contraviene los tratados internacionales y dificulta el combate contra el tráfico de drogas, alertó la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su informe anual 2018.
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En el documento se indica que en octubre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que la prohibición del consumo de cannabis con fines no médicos era inconstitucional. Mientras que en 2013 Uruguay legalizó el uso de la planta con fines no médicos, lo mismo que Canadá el año pasado.
“La legalización del uso de la cannabis con fines no médicos en algunos estados, dificultará el cumplimiento de las disposiciones de los tratados de fiscalización internacional de drogas en los estados vecinos que sí cumplen esas disposiciones. Será más difícil, por ejemplo, impedir el tráfico transfronterizo de productos de cannabis con fines no médicos a los países vecinos que no lo han hecho”, se lee en el documento.
Además, indica que con la experiencia adquirida con el consumo de alcohol y tabaco, la legalización del cannabis con fines medicinales hace que las personas consideren menos los riesgos de consumirlo, y aumenta la posibilidad de que caiga en las manos de menores.
Incluso, señala que incrementará también los efectos adversos en la salud pública como: crecimiento de las tasas de lesiones causadas por accidentes de vehículos de motor, la dependencia y el uso indebido del cannabis, las psicosis y otros trastornos mentales.
De acuerdo con la JIFE, el Artículo 4, párrafo c) de la Convención de 1961, limita el uso de estupefacientes fiscalizados, incluidos el cannabis y sus derivados, a los fines médicos y científicos.
“En la JIFE lo que queremos es tener un diálogo abierto, acompañar en el proceso a los países, es decir, cómo está el sistema de fiscalización internacional en la actualidad, solo se permite el consumo de las sustancias con fines médicos y científicos y cualquier otro uso está fuera de las convenciones, entonces México junto con los otros países tendrá que tomar una decisión informada”, dijo el representante de la JIFE en México, Raúl Martín del Campo.
irh