La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso a consideración de los cinco ministros que la integran si alguien desea hacer suya la petición de atraer el amparo del magnicida Mario Aburto Martínez, quien impugnó la sentencia de 45 años de prisión por el asesinato del candidato del PRI a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio, en 1994.
Hoy, la presidencia de la sala publicó la solicitud de facultad de atracción promovida por Mario Aburto a través de su defensor público Rafael Robles Roa.
Por este motivo, se puso a consideración de las ministras Norma Lucía Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat, y de Juan Luis González Alcántara Carrancá, Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, la petición, “a fin de que determinen si alguna de ellas o alguno de ellos considera hacer suya la referida solicitud”.
Por el momento, se solicitó al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito informe el estado procesal del asunto, y que no lo resuelva hasta en tanto se llega a una determinación sobre esta solicitud.
Hace unos meses, el Tribunal Colegiado señaló que no existían cuestiones de constitucionalidad para que la Corte atrajera el caso.
Sin embargo, ante la petición de la defensa, ahora debe esperar si algunos de los ministros quiere hacer suya la petición, donde el homicida asegura que fue torturado para declararse culpable del crimen.
Luis Donaldo Colosio fue asesinado el 23 de marzo de 1994, en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana.
En un principio, Mario Aburto fue sentenciado a 50 años de prisión, pero apeló y se modificó la sentencia a 45 años.
Los defensores públicos de Mario Aburto, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aseguran que el magnicida y su familia fueron torturados para que se declarara culpable.
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Actualmente Aburto Martínez está interno en el Centro Federal de Readaptación Social 12 de Guanajuato por el delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía, y por portación de arma de fuego sin licencia.
El 26 de octubre pasado, la CNDH emitió la Recomendación 48VG/2021 a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, por haberse acreditado actos de tortura.
El organismo integró documentos, peritajes y testimonios obviados o eliminados de la investigación oficial como el testimonio de Aburto y partes de una entrevista hecha a él por personal de la CNDH, el 12 de abril de 1994.
La CNDH señaló que se desacreditaron o minimizaron testimonios de testigos de la tortura de Aburto, incluso de quienes participaron en ella y así lo declararon a las autoridades y se sesgó la información contenida en los diversos exámenes médicos que se le practicaron entre el momento de su detención en la delegación de la PGR en Tijuana, Baja California, y su ingreso al entonces penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez (hoy Altiplano), en el Estado de México.
DMZ