Mario Aburto Martínez, asesino del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, promovió un nuevo amparo para impugnar la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercer acción penal contra algún ex funcionario por la tortura que asegura sufrió tras su captura el 23 de marzo de 1994.
La nueva demanda de garantías fue presentada el pasado 14 de marzo e ingresó al día siguiente al juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.
Sin embargo, la jueza Paloma Xiomara González aún no admite a trámite la demanda. Este 19 de marzo, la impartidora de justicia solicitó al quejoso ratificar su firma, de lo contrario su petición se tendrá por no presentada.
Aunque le dio cinco días para ratificar la firma, el plazo se podrá extender, debido a que Mario Aburto se encuentra recluido en un penal federal en Guanajuato, ya que se deberá solicitar el apoyo de un juez federal en dicha entidad, para que envíe a un actuario a notificar al magnicida.
En febrero pasado, la FGR autorizó en definitiva el no ejercicio de la acción penal en la investigación que inició por el presunto delito de tortura.
Lo anterior fue informado a la juez de amparo, misma que dio un plazo a Mario Aburto y a su defensa para expresar lo que a su derecho convenga.
El año pasado, Antonio González García, entonces juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió la protección de la justicia a Mario Aburto.
La sentencia ordenaba al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, coordinar y supervisar la actuación de las Fiscalías Especializada en Materia de Derechos Humanos y Especial en Investigación del Delito de Tortura, que se encuentran a su cargo, “para que con la debida diligencia, profesionalismo, eficacia y eficiencia”, se integrara y se determinara la carpeta de investigación.
El juzgador amparó a Mario Aburto porque la autoridad “no cumplió a cabalidad con su deber constitucional de investigar” su caso.
González García señaló que desde que inició la averiguación previa, en agosto de 1994, se advirtió que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) no había cumplido con dichos postulados incurriendo en dilación para la debida integración de esa indagatoria.
En su sentencia señaló que fue hasta el 2022, cuando el agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Coordinación General de Investigación de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, informó que el titular de la institución, Alejandro Gertz Manero, instruyó la integración de un equipo especial de investigación y litigación responsable de investigar, perseguir los delitos y, en su caso, retomar y concluir los procesos penales vinculados con los hechos que dieron como resultado el homicidio de Colosio Murrieta, así como cualquier otra investigación relacionada con el caso o con las personas implicadas en el mismo.
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