La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Interpol la emisión de una ficha roja para detener al ex gobernador de Puebla, Mario Marín, contra quien existe una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, cometido en 2005.
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El fiscal General, Alejandro Gertz Manero, aseguró que desde que se tuvo la orden de aprehensión “que nosotros pedimos, se emitió la ficha roja”, dijo en conferencia de prensa.
Por esta razón, el ex mandatario estatal es buscado 194 países que están adheridos a la Organización Internacional de Policía Criminal.
El mes pasado, la magistrada María Elena Suárez, titular del Primer Tribunal Unitario Vigésimo Séptimo Circuito Tribunal Federal, ordenó la aprehensión del ex gobernador así como del empresario Kamel Nacif.
También se ordenó la aprehensión del ex jefe de la Policía Judicial de Puebla, Juan Sánchez Moreno y del ex subdirector de mandamientos judiciales, Hugo Adolfo Karam.
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La resolución revocó la decisión del juez Segundo de Distrito en Quintana Roo, quien el año pasado negó la orden de captura a la entonces Procuraduría General de la República.
Por este caso, en diciembre de 2018 elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aprehendieron en Puebla al policía en funciones Alejandro Rocha Laureano, por su probable responsabilidad en el mencionado delito. Él supuestamente participó en el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de la periodista, escritora y activista Lydia Cacho Ribeiro, en 2005.
La comunicadora fue detenida ese año por la probable comisión de los delitos de difamación y calumnias, cargos presentados por Kamel Nacif Borge, conocido como El rey de la mezclilla, a causa de la publicación del libro, “Los Demonios del Edén”, en el que la escritora describe fiestas en las cuales supuestamente se pervertía a menores de edad.
En su momento se dieron a conocer audios de las llamadas entre Kamel Nacif y Mario Marín, en las que este último manifestó su apoyo al empresario para imponerle un correctivo a la periodista.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de Nación y se conformó una Comisión Investigadora, pero el Pleno se abstuvo de señalar al gobernador Mario Marín, como supuesto responsable de la violación a las garantías individuales de la periodista, debido a que no se demostró la existencia de una falta grave a sus derechos, en términos del artículo 97 constitucional, motivo por el cual no era necesario un pronunciamiento sobre el caso, con lo que concluyó el asunto.
La Corte dejó claro que si bien la Comisión Investigadora puso al descubierto algunos actos indebidos y violación a las garantías individuales de la escritora, durante su traslado de Quintana Roo a Puebla, estas no fueron graves sino “menores”, por lo que desechó la existencia de un “concierto de autoridades” para atentar contra Lydia.
Pero, el ministro Juan N. Silva Meza, encargado de la comisión, defendió el dictamen presentado y declaró: “Tengo la convicción plena de que en un estado constitucional y democrático de derecho, la impunidad no tiene cabida”.