La Fiscalía de Chile expuso ante el poder judicial de ese país que no hay impedimentos legales conforme a las disposiciones internacionales, para la extradición a México del ex diputado del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo Gutiérrez, acusado de enriquecimiento ilícito.
El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, dio a conocer que, en la audiencia de extradición del ex funcionario celebrada hoy en Santiago, la fiscalía de ese país desahogó los datos de prueba, testimoniales y dictámenes de peritos en materia de contabilidad, sobre las cantidades no justificadas de Toledo Gutiérrez.
Descartan persecución política
Además, la autoridad ministerial de Chile expuso la fundamentación del gobierno mexicano, los requisitos formales y de fondo, así como la narración de hechos, para la extradición del ex alcalde.
“Argumentó que el requerido es mexicano, por lo que no es una excepción de no extraditar a un connacional. Refirió que se trata de un hecho conocido como delito y que no está prescrita la acción penal. Posteriormente explicó, invocando un fallo mexicano, que la extradición no es un juicio, sino un procedimiento administrativo”, detalló.
En un mensaje a medios, Lara López informó que la fiscalía chilena también manifestó la posible acreditación de la doble criminalidad de Toledo, tanto en México como en el país sudamericano, y dejó en claro que no hay persecución política en su contra.
“Además de hacer referencia a los tratados internacionales que obligan a las partes, y la excepción de que no existe persecución política, esto es así porque se trata específicamente de un delito de lucro, de alguien que ocupó cargos políticos y se benefició de ellos, y no se le persigue por sus ideas o militancia partidista.
"En ese sentido, el fiscal de ese país refirió que, con motivo de la posible comisión de un delito, se llevó a cabo el desafuero del requerido en la Cámara de Diputados, por lo que hizo alusión a que integrantes parlamentarios de su propio partido votaron a favor del desafuero, y la votación fue de mayoría”, apuntó.
Ulises Lara agregó que, una vez que se desahoguen todas las pruebas, el poder judicial de Chile dará un plazo de cinco días para emitir la sentencia correspondiente.
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