La defensa legal de 15 ex funcionarios que participaron en la construcción de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, anunció que solicitará que se declaren nulas las pruebas sobre la indagatoria del colapso, ocurrido el 3 de mayo y que dejó 26 muertos, porque la fiscal encargada del caso violó el debido proceso al entregar las pruebas a una empresa particular, cuando debió haber solicitado a otro gobierno asistencia internacional para realizar los peritajes.
El abogado Gabriel Regino informó que por estos hechos hoy presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) contra María de la Luz Alcántar Alcántar, agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la empresa DNV Energy Systems México.
En conferencia de prensa comentó que además de la denuncia por alteración de indicios, luego de que la empresa admitió que se violó la cadena de custodia, pedirán la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humano ante la falta de imparcialidad en este caso.
El penalista señaló que la intromisión de la empresa DNV ha puesto en riesgo la validez de lo investigado y todo puede ser anulado en perjuicio de las víctimas y su derecho a la verdad.
Advirtió que una vez que la Fiscalía General de Justicia de la ciudad judicialice la carpeta de investigación sobre este caso, pedirán al juez de la causa que declare la nulidad de pruebas.
Entre los defendidos por el abogado Gabriel Regino, están Enrique Horcasitas y Moisés Guerrero Ponce, ex directores del Proyecto Metro y de Construcción, respectivamente.
Rechazó que estos momentos esté representando legalmente al canciller Marcelo Ebrard, quien es su amigo y con quien desempeñó cargos públicos en otras administraciones.
Regino Díaz explicó que la Secretaría de Protección Civil de la capital del país contrató de manera ilegal a DNV México para llevar a cabo un dictamen externo sobre las causas del colapso de la Línea 12 del Metro, incidente que dejó 26 personas muertas y varios heridos, el pasado 3 de mayo.
A pesar de que el gobierno local dio a conocer que el informe de la empresa era independiente a las labores de peritaje, la compañía comenzó a girar instrucciones a los servicios periciales de la fiscalía capitalina, acusó el abogado.
Afirmó que el gobierno local ocultó que el 6 de agosto de este año, la fiscal encargada del caso le entregó “ilegalmente” a DVN los indicios de acero presuntamente recolectados en la zona del incidente, para que esta empresa particular realizará los análisis en sus laboratorios de Ohio, en Estados Unidos, y después alertó que se violó la cadena de custodia.
Gabriel Regino agregó que también analizan demandar con despachos jurídicos de Noruega, a la empresa matriz de DNV, mientras que su filial en nuestro país puede enfrentar su disolución por estos hechos.
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