Un Tribunal Colegiado ordenó a una jueza federal que admita a trámite el amparo que promovió Marisol Mayte Tapia de Jesús, madre de Brandon Giovanny Hernández Tapia, menor que murió tras el colapso en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, quien busca junto con otras seis personas, que la Fiscalía General de Justicia les dé acceso a la carpeta de investigación del caso.
Los magistrados del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal declararon fundado el recurso de queja interpuesto por las familias de las víctimas, mismas que impugnaron que la jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Sandra Leticia Roble Magaña, desechó su demanda en agosto.
Por unanimidad, los magistrados dijeron no compartir la resolución de la juzgadora, porque la demanda de amparo “no tiene el alcance de suspender, paralizar o dar por terminada la indagatoria” que inició el Ministerio Público.
El Tribunal Federal explicó que los quejosos se duelen de la omisión de la fiscalía capitalina por no informarles “el plan de investigación, así como de las carpetas que se han iniciado con motivo de los hechos ocurridos en la Línea 12 del Metro”.
Tampoco “se les ha hecho de su conocimiento, la existencia de los dictámenes, clasificación de lesiones y testimonios, así como de los trabajos periciales que se han realizado desde el primer momento en que sucedieron los hechos”.
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Las víctimas señalaron que el 12 y 13 de julio, el agente del Ministerio Público, José Manuel Ruiz Macal, les negó el acceso a todo lo solicitado, “con la excusa que al existir otras víctimas” de las cuales no eran representantes, “no podría darnos el acceso completo a la carpeta”.
Además, no se les ha informado sobre los estudios y dictámenes preliminares realizados por las empresas contratadas, así como la línea de investigación.
"Asimismo, no nos han informado de los tres informes preliminares de las empresas que fueron contratadas por el Gobierno de la Ciudad de México y en general nos niegan acceso total a la carpeta de investigación, de la cual nos ostentamos como víctimas, de esto se desprende que no tenemos copias de ninguna de las actuaciones que versan en dicha carpeta”, indicaron.
El Tribunal Colegiado puntualizó que la petición de acceder a la carpeta de investigación está más apegada al amparo del derecho a una defensa adecuada y de acceso a la justicia, ambos principios constitucionales.
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