Durante el 2021, en México fueron asesinados 25 activistas defensores de derechos humanos y del medio ambiente; ultimatos que fueron realizados en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y Veracruz, donde los activistas salvaguardaban los derechos humanos de las comunidades que habitaban.
De acuerdo con distintos reportes oficiales, la mayoría de los activistas fueron secuestrados y torturados días antes de su muerte; o ultrajadas de su vida al momento de manifestarse, como el caso de Marisol Cuadras, una joven de 18 años que se encontraba protestando en contra de la violencia hacia las mujeres en el Palacio Municipal de Guaymas, Sonora, cuando un comando armado llegó al lugar y abrió fuego, dejando a ella y un guardia de seguridad muertos al ser alcanzados por los disparos.
El 17 de enero se llevó a cabo el primer asesinato; Teódulo Gorostieta, líder del grupo de autodefensas del Cerro de Nanchital en Veracruz, fue encontrado muerto junto a su hermano y tres hijos, presuntamente por la molestia por parte de otros integrantes del grupo de autodefensas, pues no estaban de acuerdo con la forma en que el hombre de 57 años se conducía, ya que “a él le gustaba mucho ayudar a la gente, y los otros querían abusar de la comunidad”, dijo un familiar a las autoridades.
Una semana después, el 23 de enero en Santiago Jamiltepec, Oaxaca, Fidel Heras Cruz -que estaba comprometido activamente con la defensa del Río Verde que pasa por su comunidad y del que una empresa extrae arena y grava sin permisos oficiales- fue asesinado a balazos a bordo de su camioneta. Compañeros del activista, aseguraron que Fidel había recibido amenazas dos días antes de su muerte pero que prefirió no hacerlo público.
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Dos meses después, y también en Santiago Jamiltepec, Oaxaca, cuatro activistas de la comunidad indígena Chatin de Paso de la Reyna fueron asesinados, pues El 14 y 15 de marzo de 2021, Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz y Gerardo Mendoza Reyes, fueron asesinados por sujetos desconocidos en el barrio Chico de Paso de la Reyna; mientras que el 28 de marzo de 2021, el defensor chatino de la tierra y líder del movimiento por la defensa del Río Verde, Jaime Jiménez Ruiz, fue asesinado con arma de fuego por sujetos desconocidos en el camino de Santiago Jamiltepec a Paso de la Reyna.
A inicios de abril, un comando de la delincuencia organizada asesinó y descuartizó al campesino ecologista y activista, Carlos Marqués Oyorzábal, la víctima también era el comisario municipal del poblado Las Conchitas, ubicado en el municipio de San Miguel Totolapan, en la región de Tierra Caliente en Guerrero. El 19 de abril, en un basurero de la colonia Tanama de Tecate, Baja California, fue abandonado el cadáver de Blanca Estela Beltrán, una activista social vinculada al partido Movimiento Ciudadano en esa entidad, según el parte policial, el cuerpo de la víctima presentaba varios impactos de bala.
El 30 de abril, el líder ejidal Jesús Robledo Cruz y su esposa María Jesús Gómez Vega, fueron asesinados en el estado de Sonora; cuando fueron localizados con el tiro de gracia, sobre sus cuerpos, los criminales dejaron un cartón con amenazas contra 12 líderes comunitarios del Bajío. Los líderes asesinados fueron dirigentes del Ejido el Bajío, mismo que había señalado que sus tierras fueron invadidas ilegalmente por la minera Penmont, la cual se dedica a extraer oro; sin embargo, no se ha podido proporcionar la documentación adecuada que cerciorarse de ello.
En mayo, fueron asesinados cuatro activistas, Homero Terán Vanoye, Líder de extrabajadores de Oceanografía -contra quienes tenía un juicio laboral- fue asesinado a tiros en Ciudad del Carmen, Campeche; el 21 de mayo, el Comisario ejidal de Jaleaca de Catalán y defensor de los bosques, Marco Antonio Arcos, fue asesinado por un comando en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; el 27 de mayo, Integrante del pueblo yaqui y defensor del agua, Tomás Rojo Valencia, desapareció cuando salió a caminar y fue encontrado muerto el 17 de junio en Guaymas, Sonora. Además, Francisco Barajas Piña, integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda, y que desde 2019 se encontraba buscando a su hermana -quien desapareció ese año- fue asesinado con arma de fuego en Guanajuato.
Junio sólo tuvo un asesinato, y es que, el defensor del agua y líder de la etnia yaqui, Luis Urbano Domínguez, fue asesinado a balazos tras retirar dinero de un cajero automático, el martes 8 de junio en el centro de Ciudad Obregón.
El mes con más asesinatos fue julio, con seis decesos contabilizados, pues el opositor a una termoeléctrica General Manuel Álvarez Moreno, en Colima, fue asesinado a balazos el 2 de julio; tres días, después, el 5 julio, asesinaron a Simón Pérez López, ex presidente de la mesa directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Actea, pues fue ultimado en el mercado de Simojovel, en los Altos de Chiapas, donde le dispararon a la cabeza desde una moto. El 15 de julio, Gladys Aranza Ramos Gurrola, activista por la desaparición de personas, llevaba siete meses buscando a Brayan Omar Celaya, su esposo desaparecido; y se integró al grupo Guerreras Buscadoras de Sonora, pero la ultimaron en su casa, por haber encontrado anteriormente un sitio de exterminio humano.
El 19 de julio, Aline Sánchez, activista por los derechos de la comunidad LGBT+ e integrante del Colectivo Mujeres Trans Famosas Toluca, además de voluntaria en un centro de rehabilitación e impulsora de la ley de identidad de género y matrimonio igualitario en su estado, fue asesinada en su domicilio, en San Mateo Mexicaltzingo, Estado de México. El 20 de julio, Román Rubio López, activista en favor del pueblo Tarámaris y ex candidato a la diputación local por el distrito 6 por Morena, fue secuestrado y asesinado en Sinaloa. Y finalmente, el 27 de julio, José Nicanor Araiza Dávila, que desde el 2018 buscaba a su hijo desaparecido, fue asesinado tras haber sido secuestrado cinco días antes.
El 2 de septiembre, Rodrigo Morales Vázquez, ambientalista y activista social en contra de la reapertura del relleno sanitario de Loma de Mejía, fue asesinado en Morelos; el 5 de septiembre, Devanny Cardiel, Miss trans en Guanajuato y activista LGBT+, fue asesinada por un arma de fuego. Después de su muerte, el gobierno de Guanajuato reconoció su cambio de identidad de género, siendo la primera mujer transgénero en el estado en ser reconocida como tal. Mientras que el 15 de septiembre, Domingo Sántiz Jiménez, integrante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), recibió un disparo en el rostro por parte de un comando armado y fue arrastrado por el río en Chiapas.
Los últimos dos asesinatos, fueron el 14 de octubre y el 25 de noviembre, pues Nayeli Guerrero, activista por el derecho de los animales, y Marisol Cuadras, fueron asesinada en Baja California Sur y Sonora, respectivamente.
De acuerdo con un estudio realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en 2018 se registraron 95 casos de criminalización en México, donde el encarcelamiento freno las voces de diversos activistas.
Además, el CEMDA aseguró que en 2019, funcionarios locales, policías y guardias nacionales fueron responsables de poco más del 40 por ciento de los ataques, pero da pocos detalles sobre cómo ocurrieron; mientras que otro 40 por ciento de los casos no se denunció al agresor.
AMP