En México, sólo cuatro de cada diez personas mayores —41.5% hombres y 25.4% mujeres— reciben ingresos por pensión contributiva, es decir, una remuneración exclusiva para quienes laboraron en el sector formal y cuentan con seguridad social, destacó la académica del Instituto de Investigaciones Económicas (Iiec) de la Universidad Nacional Autónoma de México, Isalia Nava Bolaños.
Al dictar la conferencia La seguridad económica de las mujeres en edades avanzadas, la economista universitaria señaló que 21% de la población mexicana se ubica en el rango de edad de 65 a 74 años de los cuales 54.4% son mujeres y 45.6% hombres.
“Conforme se avanza en edad se observa mayor sobrevivencia de ellas, lo que implica una feminización de la vejez. Significa que alcanzan mayor esperanza de vida en comparación con los varones. Aunque nacen más, conforme transcurre la vida ellos tienen mayores índices de mortalidad, sobreviven menos y un número reducido alcanza edades avanzadas”, destacó.
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Sin embargo, Nava Bolaños precisó que es importante considerar las características con las cuales ellas llegan a esa etapa, entre estas, numerosas desigualdades, como mayor dificultad para ingresar a la escuela y por lo tanto tienen menos nivel de escolaridad.
Lo mismo sucede para incorporarse a la actividad laboral debido a las cargas de trabajo doméstico y de cuidados que deben realizar, y que históricamente les han sido asignadas.
De las que logran insertarse en el mercado laboral, pocas tienen la posibilidad de participar en empleos formales y remunerados.
La mayoría está en la informalidad o en empleos precarios, como una forma de atender las necesidades de cuidados y actividades domésticas, es una manera de conciliar entre la vida laboral y familiar, apuntó la especialista en economía y envejecimiento de la población.
Una parte recibe una pensión contributiva como dependientes económicos (por viudez), y no como sujetos de derechos que pueden mandar esta garantía en edades avanzadas.
“Las no contributivas como la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, pactadas como un derecho universal para la población de 65 años y más, adquieren relevancia debido al panorama de desprotección en términos de ingresos económicos que enfrenta esta población”, explicó.
“De hecho, existen personas que prácticamente dependen de ese ingreso dadas las condiciones que permean en la sociedad mexicana, sobre todo en el caso de las mujeres, y que permite una disminución del riesgo de alguna condición de vulnerabilidad o pobreza”, enfatizó la experta.
Planteó la necesidad de preguntarnos qué país queremos en una sociedad que envejece, “pensando en las próximas generaciones y en las actuales personas mayores que, a pesar de las situaciones de desventajas que experimentan, están en mejores condiciones, en tanto que los jóvenes de hoy podrían no alcanzar una movilidad social como la de estos grupos etarios”.
RM