Se ampararon 224 de los 380 internos que permanecían en el penal federal de Puente Grande, trasladados recientemente al CEFERESO 17 de Buenavista Tomatlán, Michoacán.
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El juicio de garantías fue promovido por el Instituto Federal de Defensoría Pública. Éste señala como autoridad responsable al Comisionado del Órgano Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y al Centro Federal de Readaptación Social número 2, en Puente Grande, Jalisco.
Los quejosos reclaman la orden unilateral de traslado de las 224 personas privadas de su libertad al CEFERESO de Michoacán, debido a que nunca se les notificó que serían movidos de penal. De igual manera, aseguran que existió omisión de notificación al Instituto Federal de Defensoría Pública de la orden de trasladado el pasado 1 de julio.
Los internos también alegaron tortura psicológica y tormento al no saber a qué reclusorio serían trasladados, situación que también padecieron sus familiares y abogados.
El Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal conoció la demanda de amparo y exhortó a su homólogo en turno del estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, para que designe a un actuario judicial que se instituya en el CEFERESO 17 de Buenavista Tomatlán, para que busque a los quejosos con el fin de cuestionarles si ratifican o desisten de la demanda de amparo.
JMH