El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 17, en Michoacán, donde se niega el agua potable a los más de mil 200 internos.
Desde hace cinco meses, las empresas Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V. (Prodemex) y Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán, S.A.P.I. de CV, encargadas de la administración de este Cefereso, son acusadas de que, sin explicación alguna, dejaron de abastecer agua potable, a través de garrafones.
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“Es algo inaudito. Se ha manejado la cantidad de dinero que se paga para estas empresas que tienen la administración de los centros penitenciarios y aquí tenemos uno con más de mil personas que no tienen agua. Es totalmente indignante”, denunció Rafael Robles Roa, titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del IFDP.
Por este caso, el Instituto Federal de Defensoría Pública ha interpuesto cuatro amparos para que se restablezca el servicio de agua potable a los internos de este penal ubicado en Buenavista Tomatlán, en la Tierra Caliente michoacana donde las temperaturas llegan hasta los 40 grados centígrados.
Incluso, este órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal ha obtenido de jueces suspensiones provisionales para que el Estado y ambas empresas privadas, encargadas de la administración de este Cefereso, cumplan con el derecho de agua para los internos.
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Sin embargo, el titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del IFDP, aseguró que hasta el momento no se han acatado estas determinaciones judiciales.
En entrevista, Robles Roa, explicó que debido a esto determinaron llevar el caso a instancias internacionales, por lo que solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares.
Este órgano de la Organización de los Estados Americanos admitió, a principios de diciembre revisar el asunto, y le solicitaron al gobierno federal información y pruebas en relación a este caso.
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Como consecuencia, el 22 de diciembre, una comisión de la Secretaría de Gobernación y del IFDP recorrieron este penal federal para documentar la información solicitada por la CIDH.
“Se pudo constatar otra vez esta situación, pudimos platicar con algunos internos y nos decían: ‘así estamos viviendo: siete días de la semana cuatro no tenemos agua, nada, tres nos toca menos de un litro de agua’.
“Lo que tienen ellos de opción es: ‘o pongo varios trapos a la llave y pues la que salga me lo tomo con el riesgo de enfermarme’; o tienen que estar pidiendo a sus familiares que les puedan depositar dinero o mandar dinero y los propios internos comprar garrafones de agua”, enfatizó Robles Roa.
La Instituto Federal de Defensoría Pública, a cargo de Netzaí Sandoval Ballesteros, están a la espera de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
irh