Tuvieron que pasar 14 años para que María de Jesús Vázquez Silva fuera reconocida como una de las víctimas del atentado con granadas ocurrido el 15 de septiembre de 2008 en el Zócalo de Morelia, Michoacán, que dejó ocho muertos y más de 100 heridos.
Aquella noche, Vázquez Silva, quien era auxiliar en enfermería en una clínica en Santa María de Guido, había terminado su jornada laboral y se disponía a descansar, pero sus hijos—de 20, 18 y 15 años— la convencieron de ir a la Plaza Melchor Ocampo a escuchar el Grito de Independencia del entonces gobernador Leonel Godoy.
En entrevista con MILENIO, la mujer recordó que esa noche varias personas hicieron todo lo posible por estar cerca del balcón y apreciar las luces, adornos patrios y banderas de México que fueron colocadas en el Centro Histórico, sin imaginarse que serían objeto de un ataque. Ni la arenga ni el concurso de bandas de varias escuelas retumbó tanto como el sonido de las explosiones que marcó la vida de los asistentes a la celebración.
Debido a la detonación de dos granadas de fragmentación, uno de los hijos de María de Jesús Vázquez Silva fue lanzado hacia una pileta, mientras que la mujer fue arrojada unos seis metros y el fuego producido por el estallido le quemó el costado izquierdo del cuerpo y algunas esquirlas se le incrustaron. Tras casi 150 lavados quirúrgicos e injertos de piel, la señora perdió la pierna izquierda.
Para Vázquez Silva el 15 de septiembre quedó marcado como un día de mucha tristeza y recuerda que "niños pequeños perdieron a sus mamás", mientras que "gente de trabajo", en lugar de recibir algún apoyo más sólido, solo obtuvo despensas del DIF.
La mujer reveló que tras el incidente buscó apoyo de las autoridades locales, pero éstas no la recibían; en Atención a Víctimas estatal le dijeron que el caso no le correspondía a ellos debido a que era un asunto federal.
"¿Cómo es posible yo que no estaba en una lista de afectados? Porque en ésta están varios, menos algunas personas. Esa era mi pregunta y ¿cómo iba yo a quedar? era una pregunta sin respuesta. Tal vez nunca preguntamos cómo fue que recogieron todas las evidencias y nombres de los afectados si se supone que ellos (las autoridades) andaban hospital por hospital (…) Nos tomamos la fotografía en el acto que se hace, nos toman las fotografías; chillamos un rato por los que se fueron y por los que estamos sin ver el Sol", comentó María de Jesús Vázquez Silva.
Doce años después del accidente, el entonces gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, calificó el atentado como un acto "cobarde" y dijo que "las heridas siguen lastimando en lo más profundo a nuestra sociedad".
El 15 de septiembre de 2020, escribió en redes sociales que refrendaba su solidaridad y todo el respaldo de su gobierno a las víctimas y sus familias, de quienes, dijo, "honramos y recordamos para que su memoria perdure para siempre, al igual que la férrea aspiración de un Michoacán mejor y en paz".
Por un tecnicismo, víctimas quedaron fuera de registro
En 2018, Reyna Velasco, asesora jurídica de María de Jesús Vázquez Silva, inició el procedimiento para que a la mujer y a otros afectados por el atentado se le reconociera y fueran inscritos en el Registro Federal de Víctimas (RENAVI).
"No tenían información de dónde estaba radicado el proceso penal; tuvimos que partir desde ahí (…) En el caso de María de Jesús, ella no estaba en el listado de víctimas; a ellos les negaban la calidad de víctimas por un tecnicismo. En el 2008 no estaba la Ley General de Víctimas como tal y entonces solo venían como agraviados y por un tecnicismo no podían reconocerles la calidad de víctimas", dijo a MILENIO.
En 2020, al acudir a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA), de la Fiscalía General de la República (FGR), expusieron la situación para que se concediera la figura de víctima a María de Jesús Vázquez Silva. Posteriormente, Martha Yuriria Rodríguez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se comprometió a tomar conocimiento del caso, lo que abrió puerta para dar celeridad al proceso.
Sobre qué habría ocasionado la exclusión de la mujer, la abogada consideró que tal vez "fue que por el momento que se vivía; la fiscalía tomó los primeros datos (de los heridos) que le empezaron a llegar y ya no se dio a la tarea de buscar si habías más víctimas (…) Fue esa omisión de la fiscalía del estado de no verificar si había más víctimas en los hospitales", manifestó.
Fue el 2 de septiembre pasado que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas notificó la resolución del expediente CEAV/CIE/0298/2021 en la cual se le reconoce la calidad de víctima y su inscripción en el Registro Federal de Víctimas.
Actualmente aún hay 109 personas que sobrevivieron al ataque de aquel 15 de septiembre, pero de éstas, 89 no han sido registradas por las autoridades como víctimas.
"Todo esto fue un caminar muy largo y pesado con esta situación en la que me encuentro; postrada en una silla de ruedas. La prótesis que tenía no sirve porque se echó a perder y ahora hay que mandar hacer otra, y todo esto es un calvario que te traigan de un lado a otro en silla de ruedas".
Absuelven a acusados de lanzar granadas
En mayo de 2015, un juez federal absolvió y ordenó la libertad de cuatro personas acusadas de lanzar granadas durante la celebración del Grito de Independencia el 15 de septiembre de 2008, en la plaza de Morelia, ya que se demostró que fueron torturados y se les fabricaron pruebas en su contra.
Tres personas fueron "entregadas" por criminales a la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Los señalaron como integrantes de Los Zetas, con la intención de culpar al entonces brazo armado del cártel del Golfo. Sin embargo, en el transcurso de la investigación se pudo conocer que el grupo responsable del atentado fue La Familia, con el objetivo de "calentar la plaza" y que las fuerzas federales lanzaran una ofensiva contra Los Zetas, ya que estos últimos tenían el control de la mayor parte de Michoacán.
Los supuestos zetas entregados fueron Julio César Mondragón Mendoza, El Tierra Caliente; Juan Carlos Galeana, El Grande, y Alfredo Rosas Elicea, El Socio, además de un presunto jefe de dicho grupo.
Los tres primeros, se demostró, estaban en Lázaro Cárdenas el día de los hechos. El juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, resolvió en la causa penal 254/2008, que la acusación se basó fundamentalmente en la confesión de los tres primeros (como autores materiales).
No obstante, quedó plenamente demostrado, incluso con periciales de la propia PGR, que fueron sometidos a actos de tortura previos a que fueran localizados y presentados ante la entonces SIEDO que encabezaba Marisela Morales Ibáñez, "donde en lugar de respetar sus derechos fundamentales, así como atender las múltiples lesiones que presentaban, les fue tomada su declaración ministerial cuando aún se encontraban bajo los efectos de aquella tortura.
El juez Emilio Enrique Pedroza Montes determinó que no se respetaron los derechos fundamentales de los detenidos, dado que fueron exhibidos ante la opinión pública.
Gobierno de Michoacán pide a FGR reabrir investigación
El 13 de septiembre pasado el gobierno del estado solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir la investigación al señalar que podría existir un vicio formal y significativo en las diligencias realizadas con anterioridad.
El gobierno estatal informó que el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla solicitó que se reactive la averiguación previa para conocer la verdad de los hechos y que se haga justicia a las víctimas directas e indirectas.
“La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas remitió un oficio dirigido al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en el que solicita continúen las investigaciones", informó el gobierno de Michoacán.
Detalló que en el documento se argumenta que la petición de que sea reabierto el caso es para solicitar la intervención de la Policía Judicial, recoger testimonios de víctimas, y obtener más pruebas que permitan lograr el esclarecimiento del ataque en Morelia.
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