El informe que el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó a madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos sentenció que no hay pruebas de que personal militar haya participado en la detención y posterior desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
El anexo titulado Actuación del personal militar en los sucesos del Caso Ayotzinapa - elaborado por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, a petición del mandatario - describió las actividades de efectivos castrenses en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, así como la vigilancia a los jóvenes y la colaboración militar en el C4 de Iguala.
El documento - difundido este jueves por la Secretaría de Gobernación (Segob)- aseguró que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) patrullaron Iguala, en atención a diversos reportes de sucesos violentos, pero no tuvieron interacción con los normalistas de Ayotzinapa.
“A la fecha se ha podido establecer la hora, lugar y circunstancia, en la que se encontraba el personal militar, el día de los hechos, principalmente la fuerza de reacción “Martínez”, quien salió a patrullar en la ciudad de Iguala, Guerrero, sin que en algún momento se haya tenido interacción con los estudiantes desaparecidos.
“Por lo que no existe prueba alguna de que personal militar haya participado en la detención y posterior desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa”, expuso.
Respecto a la vigilancia de personal militar en el C4 de Iguala, el informe precisó que es una instalación del gobierno estatal, y que el día de los hechos había dos efectivos castrenses.
“No era función del personal militar operar el C4, su función era captar información de valor para las funciones de las fuerzas armadas para su procesamiento derivado de la coordinación interinstitucional”, apuntó.
Sobre la acusación y ejercicio de la acción penal de la Fiscalía General de la República (FGR) contra 20 militares, por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas, el documento refirió que “del análisis de las pruebas que obran en las causas penales señaladas, se advierte que los testimonios de los tres testigos de identidad reservada, no han sido consistentes y son contradictorias entre sí”.
Además, - afirmó - son diametralmente opuestos a los hechos probados, como son el lugar, tiempo y circunstancias en que el personal militar actuó la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, “de los cuales se advierte que en ningún momento tuvieron contacto con los estudiantes desaparecidos”.
En cuanto a las intervenciones telefónicas de la DEA, señaló que en un cúmulo de más de 20 mil comunicaciones intervenidas, en ninguna de éstas participa personal militar, sino que son diálogos entre miembros de Guerreros Unidos, principalmente Arturo Martínez alias Scoby Doo, quienes refieren tener relación con personal militar.
Sin embargo - según el documento -, no hacen mención de nombres o hechos que pudieran ser corroborados, ni refieren actividades ilícitas de personal militar que pudieran ser investigadas.
Además, - continúa - al personal militar procesado, no le fueron asegurados recursos económicos, ni bienes que no pudieran justificar.
“Es importante mencionar que durante los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, los miembros de la organización criminal no mencionan en ningún momento al personal militar, y en conversaciones telefónicas, interceptadas por la DEA, Pablo Vega Cuevas le da instrucciones a Gildardo López Astudillo de generar acciones para tergiversar los hechos y culpar al gobierno de lo sucedido.
“En los mensajes interceptados por la DEA, en el periodo del 30 de marzo al 25 de abril de 2014, se advierten en referencia a tenientes, militares, milis, guachos, realizadas por Arturo Martínez, sin que pueda afirmarse, que se trata de personal del ejército mexicano, como se aprecia del contexto de las conversaciones”, añadió.
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El anexo también destacó que la organización delictiva de Guerreros Unidos evitaba las acciones del Ejército, ya que daban instrucciones de cambiar los “pines”, cuando alguno de sus miembros era detenido por el personal militar.
“La entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), e incluso el propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), han investigado y corroborado todas y cada una de las acciones realizadas por el personal militar, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, sin haber encontrado acción alguna ejecutada en contra de la vida de los estudiantes normalistas desaparecidos, por lo que los señalamientos de los testigos de identidad reservada, resultan inverosímiles”, apuntó.
Añadió que los testigos protegidos Juan (Gildardo López Astudillo), Neto y Carla, integrantes de Guerreros Unidos, después de ocho declaraciones, finalmente recordaron que “el personal militar participó en la detención y desaparición de los estudiantes, y que sabían que el personal militar estaba vinculado con el grupo criminal, proporcionando incluso los nombres y apellidos de cada uno de los procesados, lo que evidencia que fueron seleccionados para dar sustento a la afirmación de la supuesta participación del personal militar”.