La ministra Norma Piña Hernández, candidata a la presidencia de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) propuso garantizar la independencia judicial y cambiar el escenario que enfrentan hoy los juzgadores federales, quienes afirman que “nadie los escucha” en el Poder Judicial de la Federación (PJF).
De acuerdo con su propuesta de trabajo, la ministra promete combatir la corrupción, “sin consignas ni titubeos”, porque esta lucha solo se ha centrado en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), pero no ha tocado a la Corte ni al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“El PJF forma parte esencial del Sistema Nacional Anticorrupción y ha desempeñado un papel relevante para su implementación, así como de la Política Nacional en la materia. Sin embargo, los avances se han enfocado, principalmente, en las actividades por parte del CJF, sin que hasta el momento se hayan incluido, de manera coordinada, a la SCJN y al TEPJF.
“Propondré implementar esta política como un compromiso del PJF en su conjunto y les plantearé construir las bases para la institucionalización de un amplio y permanente combate a la corrupción, sin consignas y sin titubeos”, detalla el documento.
La ministra menciona que privilegiará la independencia judicial porque es indispensable para resolver conflictos entre los poderes públicos.
Advierte que la pérdida de la independencia judicial no sólo afecta a los integrantes de la judicatura, sino que repercute en el equilibrio de los poderes al vulnerar las libertades y los derechos humanos de las personas.
- Te recomendamos Violencia contra la mujer nos demerita como sociedad: ministra de SCJN Comunidad
“Si llego a ser Presidenta, con el apoyo invaluable de mis compañeras y compañeros, fortaleceremos nuestra presencia en defensa de la independencia judicial, de la dignidad y respetabilidad de las personas juzgadoras. Hoy se dice que no se les escucha, que no se les apoya desde la cúpula del PJF. Les propongo cambiar este escenario, pues si bien las personas juzgadoras están sujetas cada día a mayores exigencias, también les es indispensable que su institución los arrope”, apunta el proyecto.
Asimismo, propone que el CJF pase de ser un órgano de “gobierno de los jueces”, a ser un órgano constitucional auxiliar y garante proactivo de la función jurisdiccional y de la independencia judicial.
Piña Hernández también planea acciones que incentiven y privilegien el conocimiento por sí mismo, y no la mera acumulación de certificados o constancias que, por sí solos, no garantizan una mejor capacitación de los integrantes del PJF.
Acoso sexual y violencia de género
La ministra enfatiza que en los casos que involucren faltas de integrantes del PJF, no se debe vulnerar el principio de presunción de inocencia.
“Por ello, propongo a mis compañeras y compañeros que únicamente se hagan del conocimiento de la sociedad, aquellas sanciones que hayan sido declaradas firmes o definitivas por parte de las autoridades competentes, evitando así la estigmatización que puede generarse cuando se informa incorrectamente. Es decir, sugiero que no se difunda la investigación o substanciación de procedimientos que, a la postre, podrían declararse improcedentes por falta de responsabilidad o elementos de prueba”, agrega.
De igual manera, expone que es necesario un nuevo Código de Ética institucional. Además, sugerirá, consolidar la actuación de la Unidad de Prevención y Combate a la Violencia Laboral del CJF, y dar seguimiento a la implementación de aquellos instrumentos normativos relacionados, esto, a través de la asignación de los recursos necesarios para su materialización.
Otro punto, es la aplicación de la perspectiva de género en el PJF. La ministra advierte que no podrá concretarse si no cuenta con cinco condiciones indispensables: valor para hacer frente al acoso sexual y a la violencia de género; paridad especialmente en puestos de alta responsabilidad que rompa los techos de cristal; presupuesto suficiente para concretarse; pericia en la materia, y respaldo administrativo para gestionar las políticas necesarias.
Menciona que a fin de consolidar la cero tolerancia a la violencia sexual, tanto el mecanismo para prevenir, atender y erradicar el acoso sexual y cualquier otra forma de violencia sexual y de género en la SCJN, como la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual en el CJF deben seguir mejorando su labor.
La ministra expone que un tema pendiente en el CJF es, desde el 2013, la definición de si es necesario crear juzgados especializados en materia ambiental o instrumentar un programa efectivo, serio, completo y con actualización permanente para la especialización judicial en materia ambiental y de cambio climático.
Igualmente, dice que es necesaria la creación de una unidad especializada que apoye a grupos vulnerables en el fortalecimiento de la diversidad pluricultural, por lo que plantea atención especial de las culturas originales y afromexicanas.