Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), promovió un amparo contra la integración del Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el cual la investiga por presuntamente plagiar su tesis de licenciatura.
Sandra de Jesús Zúñiga, jueza Quinto de Distrito en Materia Administrativa, admitió a trámite la demanda y le concedió una suspensión provisional.
Funcionarios judiciales informaron que el alcance de la medida cautelar otorgada es para que el Comité pueda continuar con el procedimiento, pero no puede emitir un resolución por el momento hasta que resuelva de fondo el amparo que está estudiando la jueza.
De acuerdo con registros judiciales, la ministra promovió la demanda el pasado 13 de febrero, donde impugnó el acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la integración, conformación y registro de los Comités de Ética de la UNAM, publicado en la Gaceta de la UNAM el 29 de agosto de 2019.
La juzgadora programó para el próximo 22 de febrero la celebración de la audiencia donde resolverá si concede la suspensión definitiva.
El Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón determinó que la tesis profesional de Yasmín Esquivel es una copia de la presentada por el ex alumno Edgar Ulises Báez Gutiérrez.
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Sin embargo, el rector de la UNAM, Enrique Graue, mencionó que la normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la universidad, aún y cuando el plagio de una tesis esté documentado, motivo por el cual el caso fue enviado a la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero ésta rechazó resolver el asunto.
El Comité informó que elaboró un Dictamen Técnico Académico del cual se desprende que, la tesis elaborada en 1987 por Yasmín Esquivel, “es copia sustancial de la original” presentada en 1986 por el ex alumno de la Facultad de Derecho, Edgar Ulises.
En relación con la actuación y participación de la asesora de ambos trabajos de titulación, Martha Rodríguez Ortiz, el Comité analizó y documentó respecto a su posible falta en el cumplimiento de los principios éticos universitario y el apego a la normatividad institucional.
Por su parte, el abogado General de la máxima casa de estudios, Alfredo Sánchez Castañeda, dijo que la UNAM carece de una norma jurídica que le permita retirar, cancelar o revocar los títulos académicos que otorga, motivo por el cual se debía recurrir a la Dirección General de Profesiones de la SEP.
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