La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzará esta semana el análisis de un proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa que propone declarar constitucional diversos artículos de la Ley Orgánica de la Armada de México, los cuales fueron impugnados por legisladores de oposición porque se dota a los marinos de facultades en materia de seguridad pública y en tareas civiles.
La propuesta de la ministra es declarar procedente, pero infundada, la acción de inconstitucionalidad promovida por diputados federales del PAN, PRI, PRD Y MC, que aseveran que el estatuto promueve la militarización. Para que el proyecto sea avalado se necesitan de ocho votos.
Algunos de los preceptos que serán analizados, es el artículo 4, fracción I, el cual establece la posibilidad de que la Armada de México comisione a personal de la Secretaría de Marina (Semar) a otras dependencias.
Sin embargo, la ministra señala que “el hecho de que exista personal comisionado de la Armada de México en diversas dependencias no implica per se que se le otorgue una presencia permanente a la primera en relación con las segundas y mucho menos que desempeñen en cualquier momento actividades de mandos civiles”.
Otro artículo reclamado es el número 29; los legisladores aseguran que se otorga a la Unidad de Policía Naval funciones de seguridad pública, y los marinos que están adscritos a la Guardia Nacional debe estar subordinados a dicha unidad.
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No obstante, la ministra puntualiza que dicho artículo no desnaturaliza el esquema de seguridad pública previsto en la Constitución, porque el precepto normativo se encuentra encaminado a brindar apoyo a las instituciones de seguridad pública por conducto de la Unidad de Policía Naval.
“En ese sentido, el control administrativo del personal naval comisionado a la Guardia Nacional tampoco significa una superioridad de la Armada sobre esta, sino que solo retoma el mando de funcionarios que se encuentran, orgánicamente, adscritos a dicha institución, es decir, que no forman parte del personal de la Guardia Nacional”.
También estudiarán el artículo 38, relacionado con las facultades de la Unidad de Inteligencia Naval; los diputados aseguraron que existió una omisión por parte del legislativo, porque el precepto no aclara las funciones ni delimitan las facultades de esta unidad.
La Unidad de Inteligencia Naval es el órgano asesor encargado de generar la información de inteligencia necesaria para la formulación de los planes de seguridad nacional en los que participe la Armada de México.
La ministra Yasmín Esquivel considera que a dicha unidad no se le están otorgando facultades para la recolección, procesamiento y explotación de información relacionada con la seguridad pública fuera de los parámetros constitucionales permitidos.
La ministra enfatiza que, en nuestro país no es ajeno el servicio que las fuerzas armadas ofrecen a nuestra sociedad en tiempos de paz, como el auxilio a la población civil en casos de desastres, o en campañas de reforestación.
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Además, de custodia, distribución, captación y resguardo de paquetes electorales; vigilancia y custodia de bienes nacionales; auxilio a autoridades de procuración de justicia y apoyo al combate al narcotráfico.
Esquivel Mossa también destaca que se destinan cuantiosos recursos para las fuerzas armadas, cuyo empleo no podría justificarse si la mayor parte del tiempo permanecieran inactivos en sus cuarteles.
“Siendo que la actuación de las autoridades castrenses, en materia de seguridad pública, deben obedecer a ciertas modulaciones y criterios de excepcionalidad que se encuentran perfectamente delimitados en el marco de regularidad constitucional en materia de derechos humanos”, apunta.