José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentará este miércoles un proyecto de sentencia que si es aprobado sentará un precedente y trazará el camino para que los reos que permanecen en prisiones federales reciban una mejor atención y no se vulneren sus derechos.
Se trata del caso de cinco internos del Centro Federal de Readaptación Social número 12, en Ocampo, Guanajuato, quienes denunciaron ser víctimas de tortura física y psicológica, incomunicación, vulneración al derecho a la salud, al de acceso a la información, a la reinserción social, a la defensa adecuada y otras omisiones.
La demanda de garantías fue atraída por la Primera Sala, a propuesta de José Ramón Cossío Díaz, porque involucra cuestiones de importancia y trascendencia que no han sido abordados por la Corte.
Los quejosos son Javier Blanco Martínez, Alejandro López Ponce de León, Juan Luis Regalado Regalado, Víctor Manuel Santana Morán y Julio Alemán Méndez o Julio César Alemán Méndez, quienes hace cinco años promovieron el juicio.
Los internos demandaron una inspección judicial para tratar de demostrar los actos a que son sometidos, pero un juez de Distrito se opuso.
El ministro Cossío no ordena reponer el procedimiento, pero advierte que es inadmisible que el juzgador haya obstaculizado la pretensión de los quejosos de demostrar la veracidad de los actos que reclamaron, especialmente al encontrarse en una situación que dificulta el que puedan contradecir el dicho de la autoridad.
Atención médica
Cossío Díaz señala que el Estado tiene un deber irrenunciable de garantizar los derechos a la integridad personal y a la salud de las personas privadas de la libertad, en tanto que las mismas se encuentran en una posición de subordinación frente a las autoridades penitenciarias, de las que dependen jurídicamente.
En esta parte del proyecto propone amparar a tres reos, que no recibieron la atención médica adecuada, dos de los cuales padecen hepatitis “C” y cáncer.
Llamadas
El ministro propone conceder el amparo porque las autoridades penitenciarias únicamente les permiten realizar llamadas a líneas de Telmex y por cobrar. De ser aprobada su propuesta, los internos podrán proponer los números de cualquier compañía.
“…la autoridad responsable no puede determinar, sin sustento legal alguno, que las personas privadas de libertad realicen llamadas a una sola compañía telefónica y a través de un medio que impone el costo de las mismas a las familias de los internos”, detalla el proyecto de Cossío.
Asimismo, se propone conceder la protección para que las autoridades se abstengan de modificar, sin justificación legal alguna, la programación de llamadas a realizar por parte de los quejosos y, en caso de realizar una modificación justificada, ésta sea notificada con una anticipación razonable.
Correspondencia
Cossío también propone ampararlos para que la correspondencia les sea entregada sin dilación injustificada alguna; los quejosos argumentaron que las cartas son retenidas por periodos de 20 y hasta 45 días.
Información
El proyecto también propone que el director del penal realice las gestiones para que en la biblioteca del mismo centro se encuentren disponibles para su consulta, al menos, un diario de circulación nacional y otro estatal, para cumplir con la doble finalidad de proporcionar a los quejosos información que los mantenga en contacto con el exterior y, por otra parte, que puedan recibir información necesaria en su carácter de miembros de una sociedad democrática.
Trabajo
Pese a que las prisiones no tienen la obligación de garantizar inmediatamente trabajo a los reos, sí tienen el deber de promover la reinserción. “Para cumplir con esa obligación los centros de reclusión deben garantizar que toda persona privada de su libertad pueda acceder a programas relacionados con el empleo que pueden consistir en programas de capacitación, autoempleo y empleo, entre otros”, señala el ministro.
VJCM