La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó órdenes de aprehensión contra José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, presunto líder de Guerreros Unidos, y su abogado Arturo Rodríguez García, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.
De acuerdo con la carpeta de investigación, Rodríguez García es abogado de Sidronio Casarrubias Salgado, El Chino, quien aparentaba litigar solo para llevar a cabo y corroborar que se cumplieran las instrucciones que daba Sidronio, hermano de El Mochomo.
Al litigante también se le involucra en actividades de trasiego de drogas, cooptar autoridades, y de prestanombres para la compra y venta de propiedades.
Ambas personas fueron imputadas por dicho delito ante un juez de control del Centro de Justicia Penal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, quien decretó prisión preventiva oficiosa mientras se resuelve su situación jurídica.
La defensa de estas dos personas solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez de Control resolverá su situación el próximo 24 de septiembre.
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El Mochomo permaneció arraigado durante 80 días, después de que el 1 de julio, la juez María del Socorro Castillo Sánchez, titular del juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, decretó auto de libertad a favor de José Ángel por no existir elementos para juzgarlo por el delito de delincuencia organizada que se le imputa por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
A la salida del penal federal fue retenido por la FGR como parte de otra investigación por delincuencia organizada y al día siguiente fue arraigado.
Posteriormente, la FGR reveló que contaba conaudios que revelan que personas cercanas a El Mochomo ofrecieron varios millones de pesos a personal del juzgado federal a cambio de su liberación. La dependencia difundió una grabación entre la madre de José Ángel Casarrubias y un abogado, donde supuestamente acuerdan dar un pago.
El 13 de julio, la juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Patricia Marcela Diez Cerda, rechazó otorgarle una suspensión provisional para que la FGR dejara de investigarlo.
irh