Una jueza federal modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta a la ex agente del Ministerio Público Federal, Blanca Alicia Bernal Castilla, por lo que dejará el penal femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.
La mujer enfrenta un proceso por los presuntos delitos de desaparición forzada de personas, tortura y contra la administración de la justicia, derivados del caso Ayotzinapa.
Funcionarios judiciales señalaron que ayer se celebró una audiencia en la que, Alejandra Domínguez Santos, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente, resolvió modificar la medida cautelar, tras declarar fundados los argumentos de la defensa, en el sentido de que no existe riesgo de fuga.
Por tal razón, la ex funcionaria que estaba adscrita en el área antisecuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) abandonará el penal femenil, una vez que cubra los requisitos que le fueron impuestos, entre ellos, la colocación de un brazalete electrónico, no salir de la Ciudad de México y presentarse a firmar cada mes ante de la Unidad de Medidas Cautelares.
En este asunto, la FGR busca una sentencia contra la ex agente ministerial de 60 años de cárcel.
En septiembre de 2020, a la ex servidora pública fue vinculada a proceso y también se le atribuyó el delito de falsificación de documentos agravados.
El asunto guarda relación con la diligencia del 28 de octubre de 2014, cuando Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), trasladó al presunto sicario Agustín García Reyes, El Chereje, al Río San Juan, en Cocula, Guerrero.
Bernal Castilla supuestamente firmó un oficio donde autorizó a la Policía Federal Ministerial (PFM) terminar con la custodia del probable sicario para llevar a cabo una diligencia en la mencionada localidad.
Sin embargo, la FGR la responsabiliza a la ex servidora pública por no encabezar dicha diligencia, ya que se encontraba en la Ciudad de México.
También la imputan por la tortura a El Chereje, ya que dictámenes médicos dan cuenta de las lesiones que tenía cuando fue puesto a disposición de la PFM.
En 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dejó entrever que se pudieron haber manipulado pruebas en el Río Cocula, un día antes del 29 de octubre de 2014, fecha en la que se hallaron dos bolsas de plástico en el afluente que contenían restos óseos humanos quemados.
Una de las bolsas tenía fragmentos que la Universidad de Medicina de Innsbruck, en Austria, señaló correspondían al estudiante Alexander Mora Venancio.
ksh