Un Tribunal Federal ordenó dejar sin efecto la orden de aprehensión girada contra Moisés Mansur Cysneiros, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y de ser el principal prestanombres de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz.
Por mayoría de votos, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal modificó la sentencia dictada por un juez de amparo, y determinó que los datos de prueba que obtuvo la fiscalía para solicitar la orden de captura son legales.
Sin embargo, consideró que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, al conceder la orden no justificó correctamente la necesidad de cautela.
Por esta razón, el Tribunal ordenó que se realice una nueva audiencia, donde el juez de control de manera fundada y motivada determine si se actualiza o no la necesidad de cautela para el libramiento del mandamiento judicial.
La orden de captura se otorgó el 13 de octubre de 2016, con base en información bancaria y documentos de archivos públicos obtenidos por la autoridad financiera. No obstante, el quejoso solicitó que ésta fuera declarada ilegal porque señaló que no se requirió autorización a un juez federal para obtener los datos.
Los magistrados puntualizaron que es cierto que en caso de que sea la autoridad ministerial quien solicite información bancaria requiere de autorización previa del juez de control, pero, ese requisito no es necesario cuando es la autoridad hacendaria quien la recaba para fines fiscales, apuntó.
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La FGR señaló que desde 2006, Moisés Mansur, junto con otras personas, se organizaron para ocultar el origen de recursos que fueron obtenidos a través de diversas actividades que cada uno desplegó, pues un diverso imputado instruía la creación de empresas, mientras otros (entre ellos el quejoso), algunos como representantes legales y otros como comisarios, adquirieron primero la calidad de avecindados y después de ejidatarios para comprar con recursos del gobierno de Veracruz, diversos predios en determinado precio y luego enajenarlos a algunas de las empresas constituidas por ellos mismos en una cantidad superior.
Por ejemplo, la FGR cuenta con copia certificadas del contrato Multi cuenta celebrado entre BanBajío y Consorcio Brades, donde se da cuenta de operaciones bancarias relacionadas con envíos de SPEI, la primera de ellas de fecha 2 de febrero de 2016, teniendo como beneficiario a Moisés Mansur por un monto de 12 millones 500 mil pesos. El segundo de 11 de febrero de 2016, por la cantidad de 9 millones de pesos.
El tercero, de15 de febrero de 2016, por un monto de operación de 9 millones 963 mil 50 pesos. Asimismo, se cuenta con la copia certificada del estado de cuenta correspondiente al período del 1 al 31 de enero de 2016 en el que se aprecia una operación por la cantidad de 16 millones 500 mil pesos
Cabe destacar que en estos envíos de SPEI se pone como relación de dichos pagos “pago préstamo” o “pago ejido” o “pago de terrenos”.
Finalmente, el 29 de marzo de este año Moisés Mansur informó al Tribunal Colegiado que solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerciera su facultad de atracción respecto de este asunto, por lo que instaba a que no se resolviera su amparo.
No obstante, la normativa aplicable no obliga a los Tribunales Colegiados a abstenerse de resolver un asunto a menos que la Corte se lo ordene. Como tal orden no llegó a tiempo, los magistrados votaron el caso.