En el Paso Exprés de Cuernavaca no sólo murieron las dos personas que cayeron en el socavón el 12 de julio de 2017. Ocho meses antes, la obra a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya había cobrado una víctima por la falta de medidas de prevención que hoy, a casi cinco años de su muerte, permanece en el olvido de las autoridades.
Se trata de Ricardo Popoca Hinojosa, un joven de 29 años que murió la mañana del 12 de octubre de 2016, cuando trabajadores del gobierno del estado de Morelos pretendían mover un poste de luz que estorbaba para la ampliación de la autopista. Esas maniobras habían iniciado una noche antes.
“Esa tarde-noche empiezan a hacer los trabajos, pero sin que llegara la Comisión Federal de Electricidad para cortar la electricidad y que pudieran hacer las maniobras; empieza a haber cortes de luz, la gente empieza a protestar en las colonias colindantes a las 10, 11 de la noche, la gente se empieza a quejar porque se quedó sin luz por completo, esas fallas fueron durante casi toda la noche toda la noche”, platica Ricardo Popoca, padre.
Esa mañana, cuando pretenden mover el poste, éste se tambalea y jala todos los cables de alta tensión que tiene conectados. Los cables atraviesan la autopista por encima. Con el movimiento del poste, uno de los cables, con corriente eléctrica, se rompió justo cuando Ricardo pasaba por debajo a bordo de su motocicleta.
“El cable tiene vida, la electricidad empieza a correr y en ese momento, mi hijo iba circulando y el chicotazo le pega; algunas personas nos dicen que queda electrocutado, pero la necropsia no arroja ese estado, sino que el cable de luz, de los que son gruesos, blancos, le pega en el cuello y lo estrangula… Su muerte fue instantánea”, platica Ricardo Popoca, su padre, abogado que ha llevado el caso de la muerte de su hijo ante las autoridades judiciales.
Por su cuenta, don Ricardo investigó lo que ocurrió, realizó recorridos por la zona, buscó a los testigos y los llevó a declarar ante la fiscalía.
Incluso presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), institución que le hizo caso sólo hasta que, en julio de 2017, se abrió el socavón.
En octubre de 2018, esta comisión emitió la recomendación 34/2018 en la que juntó el caso de los dos hombres que cayeron en el socavón con el caso de Ricardo e incluso sumó uno más, la muerte de un peatón que cayó de un puente provisional instalado muy cerca de donde se abrió el boquete en julio de 2017.
En la recomendación, la CNDH ordena, entre otras acciones, al gobierno de Morelos a reparar el daño de manera integral, es decir, indemnizar a los familiares de las víctimas; en el caso de Ricardo, para su viuda y sus dos hijos pequeños, actualmente, de 11 y 9 años de edad.
“Yo no busco lo económico, repito, no busco lo económico, sólo estoy viendo por los niños, por mis nietos”, afirma don Ricardo, quien lamenta que, a diferencia del caso del socavón, en el que la indemnización llegó pronto a los familiares por el impacto mediático que tuvo, en su caso todo va lento.
“En lo local, aquí, es donde estoy apretando un poquito más para lograr la presión del estado a la federación, pero todas las autoridades están así como que ‘ya se nos olvidó’, como que de vez en cuando reaccionan y la pandemia tampoco nos permite muchas cosas”, expresa.
A pesar de que mantiene un juicio administrativo en contra del gobierno de Morelos por el incumplimiento a la resolución de la CNDH, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco se niega a pagar la indemnización, calculada en siete millones de pesos, con el argumento de que no tuvo responsabilidad, a pesar de lo señalado por la CNDH.
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“El gobierno del estado me contesta y me dice ‘no, yo no tengo responsabilidad’; voy a hablar con el área correspondiente, que es la Consejería Jurídica, le llevo la recomendación y le digo ‘oye, consejero, no me puedes decir esto, el gobierno del estado debe asumir la responsabilidad, aquí está’, pero ellos alegan y dicen ‘tú defiéndete, yo me defiendo y lo vamos viendo’”, platica Popoca.
“Yo pienso que no se trata de defendernos, sino de que busquemos soluciones al problema”, dice, sobre todo, por sus nietos.
“El asunto es… cinco años de estar luchando, batallando, y viene el recuerdo, no descansa uno; yo apelo a que la autoridad tome conciencia y busquemos soluciones, que no le den largas al asunto, al final de cuentas, tarde o temprano, recuerde que la justicia llega”, añade.
MILENIO pidió al gobierno de Morelos una postura sobre el tema, pero nunca obtuvo respuesta.
DMZ