Dos jueces federales se declararon incompetentes para resolver las demandas de garantías que interpuso el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, contra los actos que reclamó, como son la detención ilegal, la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Ahora, el asunto tendrá que ser dirimido por un Tribunal Colegiado, el cual definirá cuál de los dos juzgadores debe estudiar las demandas de garantías.
Los amparos fueron promovidos antes los jueces Segundo y Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Antonio González García y Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz, respectivamente.
La jueza Eréndira Ruiz señaló que su homólogo González García, fue el primero en conocer el caso, ya que el 23 de agosto de este año dio por no presentada una demanda de garantías que promovió el ex funcionario.
"Se estima que ello no es impedimento para que sea ese órgano jurisdiccional (el juzgado Segundo) quien conozca del asunto, pues de conformidad con lo establecido en la fracción II, del artículo 45 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2015, para que un órgano jurisdiccional conozca de asuntos relacionados por derivar del mismo expediente jurisdiccional —como en el caso acontece— resulta irrelevante que se haya realizado algún análisis del fondo del asunto o no”, mencionó la juzgadora.
En agosto el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, vinculó a proceso a Murillo Karam por su probable responsabilidad en delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia, derivados del caso Ayotzinapa.
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La Fiscalía General de la República (FGR) imputó al ex procurador de “fraguar" la denominada “verdad histórica”, y que supuestamente de forma premeditada, ordenó alterar y manipular evidencias y desviar líneas de investigación, contribuyendo a ocultar el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Asimismo, los fiscales aseguraron que Murillo Karam organizó un “cónclave” donde participaron funcionarios estatales y federales de la pasada administración.
Actualmente, el ex procurador cuenta con una suspensión definitiva otorgada por la jueza Eréndira Ruiz, misma que ordena al juez de control que una vez que se cierre la etapa intermedia, suspenda el procedimiento, mientras se resuelve de fondo el amparo contra la vinculación a proceso.
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