Así los narcos mexicanos usan remesas para repatriar sus ganancias ilícitas desde EU

Una madre mexicana entró a un banco en su ciudad natal Culiacán, en Sinaloa, donde esperaba una remesa de más de 130 mil pesos enviada desde Estados Unidos. Tras retirar los fondos en moneda local, cruzó la ciudad y los depositó casi todos en dos cuentas de bancos diferentes.

El dinero enviado a casa por los trabajadores migrantes es un salvavidas para millones de mexicanos. Pero la mujer nunca había conocido a la persona que le transfirió los fondos, ni a los dueños de las cuentas donde depositó el efectivo. Lo que sí sabía: el Cártel de Sinaloa, una de las bandas del narcotráfico más grandes del mundo, había organizado cuidadosamente la transacción para repatriar las ganancias de las ventas de drogas en Estados Unidos a México disfrazadas como remesas.

Aquel fue el inicio de dinero fácil para la mujer, quien dijo que anteriormente había tenido problemas para llegar a fin de mes con su sueldo de mucama.

Al recordar para Reuters ese día de abril de 2014, ella estimó haber ganado más de 290 mil pesos a lo largo de los años reclutando a otras personas y cobrando remesas por un total de cientos de miles de pesos, pero nunca tanto o con demasiada frecuencia, para evitar el escrutinio de las autoridades bancarias. La mujer confesó que un vecino la introdujo al esquema y que nunca ha conocido a sus jefes en persona.

"Todo era por teléfono", dijo. "Una persona me hablaba y luego otra y así. Los números de teléfono los cambiaban", agregó.

La mujer mostró a Reuters mensajes de WhatsApp en su teléfono que, según dijo, eran de traficantes coordinando la recogida y entrega de sus remesas. Uno, de principios de 2022, decía: "Te están esperando afuera. Ellos ya saben quién eres. Entrégales la lana (dinero)".

La madre culiacanense es parte de un ejército de civiles reclutados por el Cártel de Sinaloa y otros grupos criminales mexicanos para ayudar a mover a México las ganancias por la venta de drogas ilícitas obtenidas en Estados Unidos. El plan delictivo reposa esencialmente en la vasta red legal de empresas de transferencia de dinero que ayudan a los trabajadores migrantes a enviar dinero a sus familias.

Las remesas a México, que provienen casi en su totalidad de Estados Unidos, alcanzaron un récord de 58 mil 500 millones de dólares el año pasado, según datos del banco central mexicano. La cifra representa un aumento de 25 mil millones de dólares o el 74 por ciento desde 2018, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder.

La economía de México ha tardado en recuperarse de la pandemia del coronavirus, impulsando la migración a Estados Unidos en los últimos años junto con las remesas que los trabajadores envían a casa.

A medida que las remesas legítimas se han disparado, se ha vuelto cada vez más fácil para los cárteles disfrazar sus ganancias ilícitas en pequeñas transferencias enviadas a personas promedio en todo México sin vínculos conocidos con el crimen organizado, según cuatro funcionarios de seguridad de Estados Unidos y México.

Los cárteles están inundados de dinero en efectivo de las ventas de fentanilo, cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana en Estados Unidos.

En la actualidad, hasta el 10 por ciento de todas las remesas a México puede ser dinero de la droga movido por organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según un funcionario estadounidense que trabaja en finanzas ilícitas y pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente sobre el tema.

Un informe de marzo de la Organización No Gubernamental (ONG) mexicana Signos Vitales estimó que al menos 4,400 millones de dólares, o el 7.5% de las remesas enviadas a México el año pasado, podrían provenir de actividades ilegales.

Varias características del sector de las remesas lo convierten en un vehículo atractivo a través del cual los fondos criminales pueden ingresar al sistema financiero, según cuatro ejecutivos de la industria y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en México y Estados Unidos.

El principal de ellos es el alcance mundial de esta red y las transacciones en efectivo de tamaño modesto que la impulsan. Los requisitos de identificación para tales transferencias son más flexibles que los necesarios para establecer una cuenta bancaria formal o para transferir sumas importantes de dinero.

Anteriormente se han documentado casos de grupos delictivos que utilizan negocios populares de transferencia de dinero para realizar actividades ilegales. Reuters informó en el pasado sobre cómo delincuentes que operan en ambos lados de la frontera mexico-estadounidense han secuestrado a trabajadores migrantes y los han retenido para pedir rescate, exigiendo que los familiares transfieran fondos para liberarlos.

Ahora, la agencia de noticias es la primera en detallar cómo los narcos mexicanos han aprovechado las redes de remesas legítimas para repatriar sus ganancias ilícitas en Estados Unidos y los factores que hacen que esta actividad sea tan difícil de detectar y detener para las autoridades.

Reuters entrevistó a dos docenas de residentes en México que dijeron que el Cártel de Sinaloa les había pagado para recibir remesas y, luego, entregar el dinero a sus operarios.

Los registros de ocho casos judiciales federales en Estados Unidos y entrevistas con una docena de expertos de la industria, analistas y agentes de la ley en ambos lados de la frontera, pintan una imagen detallada del modus operandi.

Siete empresas de transferencia de dinero y bancos que respondieron a las consultas de Reuters dijeron que trabajan constantemente para frustrar a los delincuentes. Western Union, con sede en Colorado y catalogado como el operador de transferencias de dinero más grande del mundo, dijo en un comunicado que dedica "recursos significativos para ayudar a detectar y disuadir el mal uso" de sus servicios.

Jorge Godínez, director para las Américas de WorldRemit, un servicio de transferencias de dinero con sede en Londres, se mostró escéptico de que los cárteles recurran a las remesas para mover grandes sumas de dinero en pequeñas porciones. "Necesitarían hacer muchas transacciones", dijo. "No lo descarto, pero es un poco más trabajoso", agregó.

Pero los cárteles de la droga parecen estar haciendo precisamente eso, debido -en parte-, al coronavirus.

El uso de remesas para mover el dinero del narcotráfico se vio potenciado por la pandemia del covid-19 después de que las rutas de viaje establecidas desde hace mucho tiempo se vieran alteradas por cierres y medidas de confinamiento, según cuatro funcionarios de seguridad de Estados Unidos y México.

Entre marzo de 2020 y noviembre de 2021, la frontera entre Estados Unidos y México estuvo cerrada excepto a los viajes "esenciales". Eso hizo que el método tradicional de repatriación de ganancias -el contrabando masivo de efectivo escondido en automóviles, camiones y remolques de carga hacia el sur- se volviera mucho más difícil.

Entonces, los traficantes recurrieron a otros medios, dijeron las fuentes de seguridad, lo que resultó en una mayor dependencia de las remesas. Es un enfoque que ha perdurado incluso cuando la emergencia de salud fue levantada, aseguraron, porque las redes que establecieron los narcos son efectivas.

En una señal de creciente preocupación dentro del gobierno estadounidense, la oficina de la Directora de Inteligencia Nacional (DNI, por sus siglas en inglés), el principal proveedor de inteligencia para el presidente, incluyó por primera vez este año en su informe anual la "explotación de canales legítimos de remesas" por parte de organizaciones criminales transnacionales para lavar dinero.

El informe no destacó a ninguna empresa de transferencia de dinero.

El uso de tales transferencias por parte de los narcos no es un fenómeno nuevo, pero el enorme aumento de las remesas hacia México en los últimos años "ayuda a oscurecer esta práctica", según una persona familiarizada con el informe.

Se cree que el Cártel de Sinaloa y el CJNG se encuentran entre las agrupaciones criminales que las utilizan para repatriar sus ganancias provenientes de la venta de drogas, agregó la persona.

"Muchos a muchos"

Existe un patrón claro sobre cómo se lava el dinero a través de las remesas, según el funcionario estadunidense dedicado a combatir las finanzas ilícitas, las personas que han participado en el esquema en México y los documentos judiciales federales revisados por Reuters de los caso de lavado de dinero en Estados Unidos.

En ese país, gran parte del comercio de remesas se realiza a través de tiendas de barrio, cadenas minoristas y casas de cambio. Estas empresas se registran como agentes con una o más de las firmas de transferencia de dinero, por ejemplo, Western Union, y exhiben los logotipos de estas compañías en sus tiendas para atraer a los clientes.

Los comercios reciben capacitación de las empresas de transferencia de dinero sobre cómo usar sus plataformas tecnológicas, detectar transacciones sospechosas y cumplir con las leyes contra el lavado de activos en Estados Unidos.

A los agentes se les paga una comisión por cada transacción que procesan. Los clientes pueden traer dinero en efectivo a estas tiendas y enviarlo al exterior. Ni los remitentes ni los destinatarios están obligados a tener una cuenta bancaria.

Esta red fragmentada es clave para el funcionamiento del esquema, según las personas y los documentos.

Aunque las empresas de transferencia de dinero tienen sistemas internos diseñados para detectar y prevenir actividades ilegales, los controles se basan en gran medida en verificaciones realizadas cara a cara con los clientes en las propias tiendas.

Por lo tanto, las protecciones son tan sólidas como la honestidad y la diligencia de estos agentes familiares, algunos de los cuales supuestamente están aliados con narcotraficantes, según fuentes policiales y los ocho casos judiciales federales revisados por Reuters que involucraron el presunto lavado de dinero de la droga a través de remesas.

El senador republicano de Estados Unidos John Cornyn, de Texas, presentó en 2019 un proyecto de ley que requeriría que la secretaria del Tesoro analice el uso de remesas por parte de delincuentes para el tráfico de narcóticos y otras actividades ilícitas y proponga una estrategia para detenerlo. Esa legislación propuesta se convirtió en parte de un proyecto de ley más amplio contra el lavado de activos presentado el año pasado por el senador Chuck Grassley, de Iowa, que no se sometió a votación en el Congreso.

"La crisis de sobredosis en Estados Unidos hace que atacar a los cárteles en su bolsillo sea aún más urgente", dijo Grassley a Reuters. El senador agregó que está trabajando para reintroducir la legislación.

La oficina de Cornyn no respondió a una solicitud de comentarios.

La red de Control de Delitos Financieros (FinCen, por sus siglas en inglés) del Tesoro estadounidense, cuyo trabajo es impedir el lavado de dinero, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que "supervisa y evalúa constantemente los asuntos de cumplimiento" de las instituciones financieras, incluidas las empresas de remesas. FinCen agregó que, como parte de su política, no comenta sobre las investigaciones ni confirma si se está realizando una.

Actualmente, la ley estadounidense exige que los transmisores de dinero mantengan registros de todas las transacciones de 3 mil dólares o más durante cinco años, incluidos los nombres y direcciones de las personas en ambos extremos de cada transferencia. La actividad sospechosa debe ser reportada a la FinCen.

Para pasar desapercibidos, los delincuentes tienden a mantener sus transacciones por debajo del umbral de 3 mil dólares, según los documentos judiciales y las personas que dijeron que lavaron dinero de esta manera.

Las tiendas que ofrecen envío de remesas también tienen sus propios procedimientos internos y muchas requieren rutinariamente que los remitentes muestren una identificación y proporcionen números de teléfono para transferencias de cualquier tamaño. Pero esta información se fabrica fácilmente, en particular, por parte de personas corruptas a cargo, lo que dificulta que las fuerzas del orden identifiquen patrones, según documentos de los ocho casos federales y funcionarios en ambos lados de la frontera.

El proceso de dividir grandes cantidades de dinero en transacciones más pequeñas para evitar los requisitos de presentación de informes se conoce comúnmente como "pitufeo" o "estructuración". La movilización de un gran número de personas para enviar y recibir esas sumas modestas es conocida como "muchos a muchos" por parte de los agentes estadunidenses.

Los cómplices en Estados Unidos que envían dinero al sur pueden obtener sobornos de los cárteles de hasta el 10 por cineto del valor de las transferencias individuales que, rara vez, superan los mil dólares, según el funcionario estadounidense y una acusación federal de 2019 de presuntos delincuentes que dirigieron una red de lavado de dinero en Ohio.

El monto promedio de las remesas enviadas a México en 2022 fue de 390 dólares, según datos del banco central del país. Esos fondos a menudo se envían a comercios mexicanos, incluidas tiendas de conveniencia, supermercados, farmacias y grandes almacenes.

Dos docenas de mexicanos que confesaron trabajar para el Cártel de Sinaloa dijeron a Reuters que prefieren tratar con minoristas porque esos negocios tienden a hacer menos preguntas que los bancos. Aseguraron que, por lo general, deben mostrar su credencial para votar; proporcionar el nombre del remitente y su relación con esa persona; y presentar un número de seguimiento de transacciones que los remitentes comparten sólo con los destinatarios: detalles que el cártel les proporciona de antemano a través de mensajes de texto o WhatsApp.

Los receptores de las remesas en México normalmente se quedan con el 1 por ciento del envío como compensación, dijeron las personas, mientras los nuevos reclutas se embolsan una mayor parte en su primera transacción para atraerlos a la estafa. Los funcionarios de seguridad aseguraron que en México se paga menos que su contraparte estadounidense porque los riesgos de arresto son menores. Una búsqueda de Reuters de registros judiciales mexicanos desde 2012 no arrojó ningún caso relacionado con el lavado de dinero a través de remesas.

La Presidencia y la Fiscalía General de la República (FGR) de México no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la estrategia del país para combatir el presunto lavado de dinero a través de las remesas. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que investiga los delitos financieros, se negó a comentar.

En Estados Unidos, al menos siete casos de narcotráfico que involucraron el uso de remesas para enviar ganancias a México han sido procesados con éxito desde 2017 en tribunales federales de Colorado, Georgia, Ohio, Oklahoma, Texas, Virginia y el estado de Washington.

Colectivamente, esos casos involucraron el lavado de más de 100 millones de dólares entre 2013 y 2020, según documentos judiciales. Al menos 81 personas acusadas en esos casos se han declarado culpables de delitos que incluyen conspiración para cometer lavado de dinero y distribuir narcóticos, y posesión ilegal de armas de fuego.

El entonces fiscal estadunidense John Horn, quien tuvo a su cargo el caso de Georgia, dijo que los cárteles mexicanos "pueden haber encontrado un medio efectivo a través de remitentes sin escrúpulos" para trasladar sus ganancias ilegales a México, según un comunicado de prensa de junio de 2017 emitido en el momento de la acusación. Horn se negó a comentar.

En ese caso, el gobierno alegó que 11 acusados usaron remesas para lavar más de 40 millones de dólares entre 2013 y 2017 en nueve pequeñas tiendas del área metropolitana de Atlanta que ofrecían servicios de transferencia de dinero, incluida una gasolinera y un restaurante de tacos.

Nueve de los acusados se declararon culpables, mientras que dos siguen prófugos. Todos eran gerentes de tiendas o empleados que, según los fiscales, aceptaron a sabiendas grandes cantidades de efectivo de los traficantes de drogas, las dividieron en pequeñas transacciones para evadir los requisitos de información y las transfirieron con nombres ficticios a cambio de sobornos.

De los nueve acusados sentenciados a prisión, uno permanece tras las rejas y seis fueron puestos en libertad, según los registros de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos, que no contienen información sobre los dos restantes.

Reuters no pudo contactar a los abogados de seis de esos nueve acusados porque la mayoría de los registros del caso están clasificados, incluidos los nombres de los abogados defensores. Los abogados que representan a tres acusados -Óscar Gustavo Pérez Bernal, Itzayana Guadalupe Pérez Bernal y Susan Fiorella Ayala Chávez- no respondieron a las solicitudes de comentarios.

En el caso de Ohio, los fiscales federales alegaron en 2019 que una red familiar de tres tiendas de teléfonos celulares en Columbus que ofrecía servicios de transferencia de dinero, había movido 44 millones de dólares en ganancias de drogas ilícitas a México entre 2013 y 2019, en transacciones que nunca excedieron los 1,000 dólares.

Esas tiendas -Express Cellular, Los Rosales y Los Rosales 2- vendían muy poca mercancía y eran esencialmente fachadas para el lavado de dinero cuyos verdaderos clientes eran traficantes de heroína, fentanilo y marihuana que pagaban a los dueños hasta el 10 por ciento de cada transferencia, relataron los fiscales.

El dinero se transfirió con nombres falsos de remitentes, según la acusación, y se cobró en Nayarit, Jalisco, Michoacán y Sinaloa, estados mexicanos bastiones del crimen organizado.

Entre quienes se declararon culpables se encontraban cuatro familiares que operaban las tiendas de teléfonos celulares: José Luis Rosales Ocampo, Josué Gama Pérez, Thania Rosales Guadarrama y Dulce Rosales Guadarrama. Todos ellos fueron condenados a penas de cárcel de entre seis y 12 años. Los abogados de los acusados no respondieron a las solicitudes de comentarios.

En otro caso, el año pasado los fiscales federales en Misuri levantaron cargos contra presuntos miembros de una supuesta trama de 4.7 millones de dólares para distribuir heroína, fentanilo y metanfetaminas en suelo estadounidense y enviar parte de las ganancias a México a través de remesas.

Entre las 44 personas acusadas se encontraban las dueñas de tres pequeñas tiendas de Kansas City, desde donde los fiscales dicen que se transfirió el dinero de las drogas. Las tres propietarias -Ana Lilia Leal Martínez, Ana Paola Banda y María de Lourdes Carbajal-, todas de nacionalidad mexicana, se declararon inocentes.

El abogado de Banda, Henri Watson, dijo que "el caso es complejo y el Gobierno aún no ha presentado todo lo necesario para defenderlo adecuadamente". Los abogados de Leal Martínez y Carbajal no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Ninguna empresa de transferencia de dinero cuyos agentes independientes quedaron atrapados en las tramas fue acusada en los ocho casos federales. Aún así, los fiscales en esos procesos mencionaron a varias de esas empresas en documentos judiciales porque dijeron que los acusados habían usado sus plataformas para transferir dinero proveniente de la venta de drogas.

Las empresas mencionadas fueron: DolEx, Girosol, Boss Revolution (propiedad de IDT Corporation), Intermex, Omnex, Ria (propiedad de Euronet), Sigue y Transfast. Todas ellas, con sedes en Estados Unidos.

DolEx, Girosol y Omnex no respondieron a las solicitudes de comentarios. IDT se negó a comentar.

Sangita Bricker, vicepresidente sénior de comunicaciones globales del gigante de pagos Mastercard, la empresa que adquirió Transfast en 2019, dijo que la compañía utiliza la última tecnología y las mejores prácticas para monitorear actividades sospechosas e informarlas a las autoridades.

Al menos cuatro de esas compañías -Intermex, Ria, Sigue y Transfast- notaron el posible lavado de dinero de las drogas en sus plataformas y se movieron para detenerlo, según una declaración jurada de 2019 presentada por un agente de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés), que ayudó a los fiscales federales en el caso de Ohio.

Cada una de las cuatro firmas investigó transacciones sospechosas realizadas por una o más de las tiendas de telefonía celular que usaron sus plataformas y luego rescindió sus acuerdos de agente con esas empresas entre 2015 y 2017, según el documento.

Sigue, por ejemplo, examinó 375 transacciones realizadas por Express Cellular entre marzo y agosto de 2017 y encontró múltiples indicadores de "transferencias electrónicas relacionadas con el tráfico de narcóticos", dice la declaración jurada.

Entre las señales de advertencia destacadas en el documento: casi dos tercios de las transacciones se enviaron al estado mexicano de "alto riesgo" Nayarit, un lugar reconocido como un centro de cultivo de amapola, y muchas de las transacciones fueron por montos de entre 800 y 999 dólares, un rango que Sigue marcó como indicativo de "ganancias de narcóticos".

Sigue terminó su relación con Express Cellular en noviembre de 2017, según la declaración jurada.

El documento no indica si Sigue, Intermex, Ria y Transfast iniciaron sus investigaciones internas de las tiendas de teléfonos celulares por su cuenta o en respuesta a las autoridades federales encargadas de hacer cumplir la ley que investigaban actividades sospechosas en esos locales.

Los fiscales y el IRS no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Algunos jugadores importantes del negocio de remesas han sido acusados ​​en el pasado de permitir que los delincuentes usen sus redes.

En 2017, Western Union acordó pagar 586 millones de dólares para resolver las acusaciones del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio estadounidenses de que no evitó que los delincuentes usaran su servicio para el lavado de dinero y el fraude.

Como parte de ese acuerdo, la empresa se comprometió fortalecer la protección al consumidor y mejorar la supervisión de sus agentes a cambio de no ser procesada penalmente.

En un comunicado enviado por correo electrónico, Western Union dijo que "realizó importantes inversiones en personas, procesos y tecnología" para cumplir su acuerdo con el gobierno, que cerró el caso penal en marzo de 2020.

"La mayoría de mi familia lo ha hecho"

Apenas 28,000 personas viven en la localidad sinaloense Costa Rica, ubicada a unos 35 kilómetros al sur de Culiacán, la capital del estado. Es una zona de baja migración hacia Estados Unidos, según datos del gobierno mexicano.

Sin embargo, Costa Rica cuenta con un próspero clúster financiero: allí se encuentran seis sucursales de los principales bancos del país, así como tiendas de conveniencia, farmacias y otras minoristas donde los residentes pueden cobrar remesas.

En una visita a la localidad el año pasado, Reuters vio al menos a cinco personas en motocicletas, con riñoneras y acompañados de guardaespaldas, recogiendo efectivo de otras que salían de las sucursales de Banco Azteca, Banorte y BanCoppel ubicadas en la mal pavimentada vía principal. Seis lugareños dijeron a Reuters que estos mensajeros trabajaban para el Cártel de Sinaloa recogiendo dinero de las drogas enviado como remesas, sin dar más detalles.

Una portavoz de la oficina del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, remitió a Reuters a la Fiscalía General de la República (FGR),que no respondió a una solicitud de comentarios. Tampoco respondió Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, cuya jurisdicción municipal incluye a Costa Rica.

Grupo Elektra, propietario de Banco Azteca, dijo a Reuters en un comunicado enviado por correo electrónico que va más allá de los requisitos regulatorios estándar para protegerse contra el lavado de dinero y el fraude mediante el uso de tecnología que permite al banco realizar verificaciones de antecedentes en tiempo real de quienes utilizan sus servicios.

La empresa aseguró que tiene su propia unidad de inteligencia financiera que "permanentemente" comparte información con las autoridades mexicanas. Aún así, reconoció que es difícil eliminar a las personas a las que se les paga para realizar transacciones a nombre de otras.

"Ninguna institución está exenta de encontrarse con personas que se presten, de manera individual e ilegal, a cobrar comisiones al actuar por otros", sostuvo Grupo Elektra.

BanCoppel, propiedad de Coppel, una tienda departamental de nivel nacional con sede en Culiacán, se negó a comentar. Banorte dijo que no había identificado ningún caso de lavado de dinero a través de su sistema de pago de remesas, pero agregó que tenía las herramientas para detener cualquier intento de hacerlo. Banorte no entregó más detalles.

Costa Rica no es la única comunidad cuyos residentes dicen que el Cártel de Sinaloa contrata a lugareños para lavar dinero a través de remesas.

En todo Sinaloa, 49 personas familiarizadas con esta actividad, muchas de las cuales han participado ellas mismas, dijeron a Reuters que es una práctica común para los residentes.

Una madre de El Tepuche, un pequeño pueblo rural a unos 18 kilómetros de Culiacán, confesó que había estado cobrando remesas para el Cártel de Sinaloa durante cuatro años. "Como lo he hecho yo, la mayoría de mi familia lo ha hecho", sostuvo.

Si bien los funcionarios estadounidenses están cada vez más preocupados por el uso de remesas para mover dinero del narcotráfico, López Obrador ha enfatizado la importancia de las grandes y crecientes sumas que se envían desde Estados Unidos.

El año pasado, México desbancó a China y se colocó como el segundo país que más remesas recibió en el mundo, sólo por detrás de India, según el Banco Mundial. Las remesas representan actualmente el 4% del PIB mexicano, frente al 2% de hace siete años, según datos del Gobierno. Casi dos millones de hogares mexicanos recibieron remesas el año pasado, según el banco central de México.

"Esto nos ayuda mucho, mucho, porque va a la gente más necesitada, va abajo", dijo López Obrador en febrero, durante su conferencia de prensa diaria, al elogiar a los trabajadores migrantes por enviar remesas.

Su oficina no respondió a las solicitudes de comentarios sobre las acusaciones de las fuerzas del orden público de que los cárteles mexicanos están utilizando las remesas para lavar dinero del narcotráfico.

El grupo de expertos mexicano Signos Vitales examinó el reciente boom de las remesas y concluyó que el aumento de la migración por sí solo no puede explicar la rápida expansión. "El lavado de dinero, muy relacionado con las actividades del narcotráfico", parece dar cuenta de al menos parte del crecimiento, revela el informe.

El estudio señala una variedad de datos que los analistas de Signos Vitales encontraron muy inusuales. Entre ellos:

El caso más atípico fue Minnesota, desde donde el año pasado se enviaron 4,700 millones de dólares en remesas a México, o el 8% del total de 2022, según datos del banco central. Minnesota ocupó el tercer lugar detrás de California y Texas y por delante de Arizona, Colorado, Florida, Illinois, Nuevo México y Nevada, todos estados con números significativamente más altos de residentes latinos.

Minnesota es el hogar de aproximadamente 200 mil personas de ascendencia mexicana. Todos habrían tenido que enviar un promedio de unos 23 mil dólares cada uno para acercarse a los 4 mil 700 millones de dólares, una "razón poderosa" para dudar de que los trabajadores por sí solos pudieran lograr enviar niveles tan altos de remesas a México, dijo Signos Vitales.

Signos Vitales también encontró cientos de municipios que recién comenzaron a recibir transferencias de dinero en los últimos años. Entre ellos se encuentra Oquitoa, un pequeño poblado de unas 500 personas ubicado en una región del estado norteño Sonora dominada por el Cártel de Caborca. En 2017, Oquitoa no registró remesas. El año pasado, sin embargo, recibió 2.5 millones de dólares, según datos del banco central.

"Hay mucha información que (...), por lo menos, levanta sospechas de algún tipo de actividad ilícita", dijo Enrique Cárdenas, presidente de Signos Vitales.

Las oficinas del gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el fiscal general del estado, Keith Ellison, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

"La mataron"

En Culiacán, la exmucama que comenzó a cobrar remesas para el Cártel de Sinaloa en 2014 contó que inicialmente se había sentido nerviosa por involucrarse con narcos, pero lo hizo "por necesidad".

Recientemente había regresado con su hija a México desde Estados Unidos y estaba luchando para vivir con sus ingresos mensuales de 150 dólares cuando un vecino sugirió una forma de ganar dinero fácil.

Su retribución inicial de 230 dólares la usó para pagar el alquiler. Pronto, estaba cobrando remesas con regularidad, pero no más de tres veces al mes, un límite impuesto por el propio cártel. A veces, los delincuentes le decían que debía "tomarse un descanso" durante unos meses, recordó.

La mujer dijo que recibió alrededor del 1 por ciento de cada remesa que cobró. Pero una buena parte de sus ganancias totales, alrededor de 8 mil dólares, provino de atraer a otros al ardid.

Ella dijo que le pagaron 40 dólares por cabeza por las personas que ella misma reclutó, 20 dólares por cada persona que trajeron sus enlistados, seguido de un pago final de 10 dólares por persona del siguiente nivel de la pirámide.

Confesó que el trabajo no la volvió rica, pero le ha hecho la vida un poco más cómoda. "Usamos el dinero para mejorar la casa", dijo.

Uno de sus reclutas directos fue un camionero de Sinaloa de unos 50 años, quien dijo a Reuters que eventualmente involucró a su hija en el esquema. Él relató que ella y otros reclutas más jóvenes usaron Albo, una fintech mexicana, para recibir dinero para del cártel.

Las actividades de la hija arrojan luz sobre cómo la nueva tecnología financiera ofrece a los traficantes más formas de lavar dinero, una tendencia confirmada por expertos en seguridad y 13 personas que dijeron que cobran remesas para el Cártel de Sinaloa.

Algunas fintechs ofrecen servicios basados en aplicaciones que transfieren dinero internacionalmente en segundos y brindan a los usuarios una tarjeta de débito o crédito para realizar compras con esos fondos.

Albo trabaja con WorldRemit, la empresa de transferencia de dinero con sede en Londres, para permitir que las personas en Estados Unidos envíen remesas a los usuarios de Albo en México. El conductor sinaloense dijo que se apegó al método tradicional de cobrar remesas en bancos y tiendas porque no estaba tan familiarizado con las aplicaciones para teléfonos inteligentes.

Pero relató que su hija sí recibió las transferencias a través de una billetera virtual en la aplicación de Albo. Luego, ella transferiría los fondos electrónicamente a un número de cuenta bancaria que el cártel le compartía por WhatsApp.

El camionero mostró a Reuters una tarjeta de débito de Albo con el nombre de su hija que, según dijo, estaba vinculada a la billetera virtual. Albo no respondió a las solicitudes de comentarios. WorldRemit dijo que utiliza características de seguridad líderes en el mercado para combatir presuntos delitos financieros en su plataforma, sin proporcionar más detalles.

El hombre aseguró que su hija cobró remesas para el Cártel de Sinaloa durante tres años. Luego, en junio de 2019, dos hombres no identificados la mataron a tiros.

El padre sospecha que el dinero que había llegado a su cuenta de Albo resultó ser una tentación demasiado grande para ella. En los meses antes de que la mataran, recordó, ella se mudó a un nuevo lugar, mejoró su guardarropa, reemplazó su teléfono inteligente y compró un nuevo televisor.

"A mi hija me la mataron, aquí frente a la casa", confesó, todavía acongojado. Reuters vio una copia de su certificado de defunción que dice que falleció por heridas de bala.

El hombre dijo que todavía cobra remesas para el Cártel de Sinaloa porque tiene miedo de que le pase algo si se niega.

HCM