Aquellos generadores de violencia que son arrestados en México y que tienen cuentas pendientes con la justicia estadunidense se enfrentan no sólo a la posibilidad de ser extraditados o entregados, sino a una pesadilla mayor llamada Medias Administrativas Especiales (SAM’s, por sus siglas en inglés).
Independientemente de las prisiones o centros de detención donde sean recluidos a su llegada a Estados Unidos, la aplicación de dicho mecanismo de prevención ha quebrado a algunos de los narcotraficantes más notorios del hampa mexicano, tal y como ha ocurrido con Joaquín El Chapo Guzmán o el otrora líder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40.
Incomunicación, aislamiento e incluso poca o nula luz natural han llevado tanto a organizaciones civiles como a los representantes legales de los capos a presentar múltiples quejas que argumentan que las SAM’s son violatorias a los derechos humanos, no obstante y en contraparte, autoridades estadunidenses las consideran como una estrategia efectiva para neutralizarlos, un factor que ha desatado controversia al compararse con el sistema judicial mexicano.
¿Qué son las SAM’s?
Special Administrative Measures o Medidas Administrativas Especiales. De acuerdo con el Departamento de Justicia, fue en mayo de 1996 cuando entraron en vigor de conformidad con el artículo 501.3 del Título 28 del Código de Regulaciones Federales.
Entonces, el fiscal general tuvo facultades para autorizar al Director de la Oficina de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) implementar las SAM’s en aquellos casos en donde se considere que existe un riesgo sustancial de que las comunicaciones o contactos de un interno con otras personas pueda causar la muerte o lesiones corporales graves a personas.
“El reglamento establece que dicha notificación a la BOP puede ser proporcionada por el Fiscal General o, a petición del Fiscal General, por el jefe de una agencia federal de aplicación de la ley o por el jefe de una agencia miembro de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos”, precisa el Departamento de Justicia sobre el proceso para solicitar la aplicación de las medidas.
Las medidas especiales contemplan restricciones como el confinamiento del interno o la limitación de ciertos privilegios como la correspondencia, las visitas, las entrevistas con representantes de medios de comunicación, las llamadas telefónicas, entre otras.
¿El argumento? El riesgo que pudiera representar que el interno tenga comunicación con otras personas. Es entonces como el confinamiento se convierte para el sistema judicial estadunidense en una medida para impedir que el interno incite u ordene a personas -ya sea dentro o fuera de un centro penitenciario federal- cometer delitos que impliquen riesgo de muerte o lesiones corporales graves, así como daños sustanciales a la propiedad.
Dependiendo del caso y el perfil del detenido será la aplicación de las SAM’s. Si bien cada uno de los acreedores a dichas medidas son notificados a través de sus representantes legales, junto a la solicitud de su aplicación suelen presentarse mociones para frenarlas, retirarlas y en algunos casos hasta cartas para solicitar clemencia.
El caso del Chapo Guzmán
En julio de 2019 el mito que había rodeado durante su trayectoria criminal a Joaquín El Chapo Guzmán se desplomó. Tras dos fugas de penales federales en México, su extradición a Estados Unidos y un revelador juicio celebrado en la Corte de Brooklyn, el cofundador del Cártel de Sinaloa fue sentenciado a pasar el resto de sus días en prisión.
Si bien la condena ya era lo suficientemente desafortunada, las autoridades estadunidenses determinaron que la cumpliría en una de las prisiones más restrictivas de su país: ADX Florence. Adicionalmente, se convirtió en el candidato ideal para que le fueran aplicadas las SAM’s, mismas que lo mantienen dentro de la Unidad H del bloque Range 13 de la cárcel conocida también como El Alcatraz de las Montañas Rocosas.
El Chapo Guzmán ha vivido los últimos años en una celda de 2.1 x 3.6 metros, un encierro de 23 horas al día y un crudo confinamiento. Con un contacto humano mínimo con custodios y sus defensores legales, el cofundador del Cártel de Sinaloa ha encontrado en su pluma una esperanza para solicitar no sólo el retiro de las SAM’s sino también un nuevo juicio o su regreso a México.
De acuerdo con un conteo realizado por MILENIO, desde febrero de 2023 y hasta mayo de 2026, Joaquín Guzmán Loera ha enviado 15 cartas escritas por su puño y letra y dos más redactadas a máquina en donde argumenta tratos crueles, injusticias y solicita en repetidas ocasiones el contacto con algunos miembros de su familia como su esposa, hijas o su hermana.
"Me la paso sin hacer nada en mi celda, rodeado por las mismas cuatro paredes, en un ambiente siniestro y deshumanizante [...] Las SAM's son punitivas y me estoy enfermando, por lo que pido que por favor remuevan las SAM's antes de que me dé un ataque al corazón o antes de que me vuelva loco", se lee en algunas de las misivas del Chapo consultadas por el periodista Angel Hernández para este medio.
Si bien el cofundador del Cártel de Sinaloa puede ver tres canales en una diminuta televisión y aprende inglés como su pasatiempo, las condiciones de su confinamiento potenciado por las SAM’s avivan el debate. ¿Es acreedor a alguna consideración?. Con el precedente de sus fugas en México, ¿se arriesgarían las autoridades estadunidenses a relajar su aislamiento?.
El Z40 y el fin de su poderío criminal
Otro de los generadores de violencia con potencial para que le fueran aplicadas las SAM’s es Miguel Ángel Treviño Morales. Mejor conocido como Z40, el otrora líder de Los Zetas fue entregado por el gobierno mexicano a autoridades estadunidenses en febrero de 2025 luego de haber logrado durante más de una década frenar su extradición.
Si bien algunos de los líderes de organizaciones delictivas recurren a recursos legales como amparos para eludir su llegada a territorio estadunidense, El Z40 y su hermano, Omar Treviño Morales -Z42-, recurrieron a una herramienta que conocen bien: la violencia.
En enero de 2024, fuentes de inteligencia revelaron al periodista Gaspar Vela para MILENIO que ambos líderes de Los Zetas estaban detrás de un esquema de amenazas dirigidas a los jueces encargados de llevar sus casos. Del mismo modo, a los hermanos Treviño Morales se les vinculó con el asesinato de al menos 10 custodios que trabajaban en los diversos penales en los que estuvieron recluidos en México.
La reclusión en México no frenó la trayectoria delictiva del Z40 y el Z42. Incluso, las investigaciones de agencias de seguridad estadunidenses los señalaron de coordinar y ordenar el funcionamiento del Cártel del Noreste desde prisión, una escisión de Los Zetas encabezada por algunos de sus familiares.
El poderío criminal que acumulaban los hermanos Treviño Morales terminó tras su llegada a territorio estadunidense y las responsables de su neutralización fueron las Medidas Administrativas Especiales:
"Por lo tanto, ordeno que, de conformidad con 28 C.F.R 501.3, se implementen SAMs para restringir el acceso de Treviño Morales al correo, los medios de comunicación, el teléfono, otros reclusos y visitantes", se lee en el memorándum emitido por el fiscal general.
A Miguel Ángel Treviño Morales se le prohibió cualquier tipo de contacto -verbal e incluso visual- con su hermano Omar Treviño Morales. Se le permitieron llamadas monitoreadas por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) con familiares directos, a excepción del Z42.
Al otrora líder de Los Zetas también se le prohibió la comunicación con cualquier otro interno, el acceso a correspondencia y a las visitas. También se ordenó mantenerlo en confinamiento, es decir, en una celda aislada del resto que albergan a otros reclusos.
“Las medidas disciplinarias especiales aquí descritas, especialmente en lo que respecta a las comunicaciones confidenciales entre abogado y cliente y el contacto con familiares y otros reclusos, son razonablemente necesarias para evitar que el recluso cometa, solicite o conspire para cometer actividades delictivas adicionales”, se expone en el documento judicial consultado por MILENIO.
La posibilidad de que El Z40 intente replicar en Estados Unidos su esquema de amenazas en contra de ejecutores de la ley o testigos, o colaboradores de la fiscalía es latente, sin embargo, las SAM’s impiden que coordine ilícitos desde su reclusión al tiempo que esa misma incomunicación y aislamiento lo han motivado a solicitar, en más de una ocasión, que se le retiren las medidas.
Su solicitud ha sido denegada de modo que, al igual que junto a Omar Treviño Morales, Z42, el otrora líder de Los Zetas continúa esperando la resolución de su amplio y complejo proceso judicial en Estados Unidos desde una reclusión altamente restrictiva y, ante la mirada de algunos, violatoria a los derechos humanos.
¿Violaciones a los derechos humanos?
Las SAM’s no existen en México. Si bien el sistema penal mexicano cuenta con diversas medidas cautelares, la incomunicación o el confinamiento son considerados como graves violaciones a los derechos humanos en territorio mexicano. Las diferencias con el sistema judicial estadunidense son evidentes.
"Criticamos mucho al sistema norteamericano, ¿no? Decimos que es violatorio a los derechos humanos pero por lo menos yo te digo que es un sistema congruente [...] No hay segundas oportunidades y cuando no las hay se imponen penas de cadena perpetua o hasta pena de muerte, es muy discutible si es violador de derechos humanos, yo creo que sí lo es pero cuando menos, es congruente", comentó el Dr. Virgilio Tanús, experto en derecho penal, en entrevista con MILENIO.
En palabras del penalista en México la reclusión, además de estar hipotéticamente enfocada a una reinserción social, contempla únicamente la suspensión del artículo 11 constitucional, es decir, el de la libertad de tránsito. Los demás derechos se conservan: puedes seguir siendo socio de una empresa, tener su familia, no hay incomunicación...
Si bien la reclusión impide ser el autor material de algún delito, no impide ser el intelectual. A dicha problemática se suman las penalidades de 30, 40, 50 y hasta 60 años que dejan a los internos "sin nada más que perder" al tiempo que seguir delinquiendo se presenta para algunos internos en una forma de continuar generando ingresos ante la ausencia de ofertas laborales dentro de prisión.
"Hay que hacerse todo un replantamiento. En Estados Unidos pues te meten a la cárcel y efectivamente se acabó la comunicación, por eso se establece que es violatorio a los derechos humanos pero, reitero, es un sistema congruente: 'yo te di todo para que no cayeras aquí, caes aquí y no hay segundas oportunidades, no hay un trato light, no tienes tú control sobre el penal, no te manejas como quieras, pierdes todos tus derechos'", abundó el Dr. Virgilio Tanús.
Mientras que en Estados Unidos la incomunicación y el aislamiento han sido adoptados para frenar las operaciones de generadores de violencia, en México al debate se suman también otros factores como, por ejemplo, la presunción de inocencia.
La violencia que algún día sembraron en territorio nacional ha hecho que medidas como la SAM’s se perciban como un sinónimo de justicia, no obstante, tanto en México como en Estados Unidos, el concepto tiene sus propios claroscuros.
ATJ