Un Tribunal Colegiado revocó el amparo otorgado al líder de la banda de Los Rojos, Cándido Ortiz González, El Comandante Blanco, así como a otros implicados en el secuestro de una víctima identificada como J.V., y de Silvia Vargas Escalera, hija del ex titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Nelson Vargas.
En votación dividida, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal echó atrás la sentencia del magistrado Manuel Bárcena Villanueva, titular del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, la cual dejó sin efecto el auto de formal prisión dictado contra los quejosos y que ordenó la reposición del procedimiento.
Bárcena Villanueva consideró que los implicados no contaron con una defensa adecuada. Indicó que los defensores que representaron a El Comandante Blanco (quien también se hace llamar Eduardo Cisneros Marín y/o Leonardo Huerta López) y a Óscar Ortiz González, quien fue chofer de la familia de Vargas Escalera, no acreditaron ser licenciados en derecho cuando los detenidos rindieron su declaración ministerial.
Sin embargo, el Tribunal Colegiado determinó que los argumentos de los secuestradores por una parte son infundados y en otra fundados, pero insuficientes, por lo que decidió revocar la sentencia recurrida y negar la protección constitucional.
Los magistrados del Colegiado destacaron que los elementos de prueba que se advierten en la causa penal son suficientes para acreditar el cuerpo de los delitos de secuestro que se imputa a cada uno de los mencionados y la probable responsabilidad penal en su comisión.
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La sentencia indica que correspondía a los inculpados y su defensa aportar pruebas para demostrar que no cometieron los ilícitos que se les imputa, en razón de que la carga de la prueba corresponde a quien hace valer tal causa.
“Los medios de convicción aportados por la Representación Social de la Federación, valorados en términos de ley, son jurídicamente suficientes para acreditar el cuerpo de los delitos de secuestro y la probable responsabilidad de los inculpados, en la comisión del ilícito que a cada uno de ellos se les imputa, pruebas que, hasta este momento procesal, no fueron desvirtuadas ni tampoco se justificó la conducta de sus defendidos”, detalla el fallo.
El expediente de casi 400 fojas enumera las pruebas aportadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y cómo planearon cometer los secuestros. En junio, Nelson Vargas, calificó de inaudita la resolución del Tribunal Unitario.
“Yo te prometo por mi niña que voy a seguir hasta que estos infelices sean sentenciados (...) No puedo creerlo, veo esto y digo de qué ha servido 13 años de abogado y con la mano en la cintura estos delincuentes hacen esto”, dijo en entrevista.
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Recordó que Óscar Ortiz fue su chofer y se reunía con los involucrados en la misma calle donde Nelson Vargas vivía en el Pedregal. Las reuniones se realizaban en una caseta de policía, donde tenía a un hermano que cuidaba la calle”.
Silvia Vargas Escalera salió a las 06:30 horas de su domicilio en la hoy alcaldía Magdalena Contreras, el 10 de septiembre de 2017. Se dirigió al colegio “Alexander Bain”.
El 11 de diciembre de 2008, la PGR dio a conocer que, de los dictámenes en genética forense que se practicaron a los restos localizados en una casa que se encuentra en la calle Bellavista 51, colonia San Miguel Xicalco, Delegación Tlalpan, correspondían a los de Silvia Vargas.