El hacinamiento del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl-Bordo de Xochiaca volvió a colocar al sistema penitenciario mexicano bajo la lupa. Aunque una resolución judicial abrió la posibilidad de revisar beneficios preliberacionales para algunos internos, el penalista Erick Roura sostiene que la medida difícilmente cambiará el panorama: “están atacando el síntoma, no la enfermedad”.
El penal fue construido para mil 834 personas, pero actualmente alberga 5 mil 435 internos, una sobrepoblación del 236 por ciento, de acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de julio de 2026.
El reflejo de un sistema deteriorado
En entrevista para MILENIO, Roura asegura que esa cifra no refleja un problema exclusivo de Neza-Bordo, sino el deterioro de un sistema que lleva años acumulando personas sin resolver el origen del fenómeno.
“Reconocen que la cárcel está llena, pero no reconocen por qué está llena. Ese es el verdadero problema”, afirma.
La resolución ordena revisar qué personas privadas de la libertad pueden acceder a beneficios previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, siempre que cumplan los requisitos legales. No se trata de una liberación masiva.
Sin embargo, el penalista considera que el impacto será limitado.
“Sale uno que cumple la pena y entran veinte en prisión preventiva esperando un juicio que puede durar tres, cuatro o hasta cinco años.”
A su juicio, el cuello de botella no está en quienes ya fueron sentenciados, sino en la cantidad de personas que permanecen encarceladas mientras su proceso judicial sigue abierto.
Roura sostiene que el uso extendido de la prisión preventiva terminó desdibujando el principio de presunción de inocencia.
“Una persona entra por un robo y termina compartiendo espacio con alguien condenado a cuarenta o cincuenta años. Están mezclando personas procesadas con personas que ya cumplen una sentencia.”
Explica que, en muchos casos, una persona puede pasar años privada de la libertad antes de recibir una sentencia e incluso terminar absuelta.
¿Quiénes podrían acceder a la preliberación?
Los beneficios sólo pueden analizarse caso por caso conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Entre los requisitos se encuentran:
- Haber cumplido una parte importante de la condena, en muchos supuestos al menos el 50 por ciento;
- Mantener buena conducta.
- Participar en actividades laborales o educativas.
- Reparar el daño cuando la ley lo exige.
Además, delitos como secuestro y feminicidio tienen restricciones legales para acceder a estos beneficios.
“Los delitos más graves no tienen beneficios preliberacionales y mucha gente tampoco puede salir porque no tiene recursos para cubrir la reparación del daño”. En el caso de Neza-Bordo, es uno de los ejemplos más extremos del país.
El abogado atribuye el retraso de los procesos a varios factores: la carga de trabajo judicial, la pandemia, las huelgas en tribunales y la transición derivada de la reforma judicial.
Pero insiste en que la solución pasa por revisar individualmente quién realmente representa un riesgo para la sociedad y quién puede enfrentar su proceso en libertad.
Para el penalista, el panorama es claro: revisar beneficios preliberacionales puede aliviar algunos casos, pero no cambiará un sistema donde miles de personas siguen esperando una sentencia detrás de los barrotes.
AH