La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, llamó a construir una agenda para recuperar la seguridad y justicia en México para que se escuchen todas las voces, ya que advirtió que ningún “pensamiento único” puede lograrse sólo, por lo que pidió dejar de lado la “obstinación”, el “sectarismo” y el “protagonismo”.
La ministra presentó la propuesta ante representantes de los tres Poderes de la Unión.
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Indicó que, durante los próximos cuatro meses, y a lo largo de todo el país, el Poder Judicial de la Federación (PJF) convocará al público en general, así como a distintos actores e instituciones sociales, profesionales, académicos y estudiantes a dialogar sobre diversos aspectos relacionados con la justicia y la seguridad en el país.
Lo que se busca, mencionó, es hacer posible una agenda propositiva y apartidista que pondrán a disposición de todos los candidatos a puestos de elección popular, así como de la nueva legislatura del Congreso de la Unión, y de toda la sociedad.
Al inaugurar el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, la ministra Piña Hernández dejó claro que la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial Federal.
“Es imperante asumir nuestra responsabilidad, de coordinarnos y dialogar, lógicamente desde nuestras competencias y respetando la autonomía de cada uno de los poderes, para con ello garantizar la seguridad y el acceso efectivo a la justicia para todas las personas entendiendo cabalmente que esto es una responsabilidad del estado mexicano”, expresó.
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La ministra puntualizó que si todas las autoridades del Estado, fundamentalmente las de seguridad, las de procuración y las de impartición de justicia actúan coordinadamente, conforme a la Constitución, sólo así se podrán atender los legítimos reclamos de los millones de personas que demandan un alto a los muchos tipos de violencias inaceptables que enfrenta México.
“Tenemos que saber escuchar aún en la discrepancia; se requiere sensibilidad y asertividad. Se requiere dejar de lado la obstinación, el sectarismo y el protagonismo. Nuestro país requiere de dialogo, de inclusión, de participación activa y colaborativa. En suma: necesitamos sacar lo mejor de nosotros mismos; necesitamos unir fuerzas, necesitamos compartir conocimientos y experiencias, y unirnos en la búsqueda de soluciones conjuntas a los desafíos que enfrentamos. ¡No podemos fallarle a México! A él nos debemos”, abundó.
Piña Hernández hizo referencia a algunos de los delitos que cotidianamente sufre la sociedad, como feminicidios, desaparición de personas, trata de personas, violencia contra migrantes, niñas y niños, personas indígenas y afromexicanas, violencia contra los periodistas, los defensores de derechos humanos, familias y comunidades desplazadas por la violencia o por la pobreza, quienes viven en condiciones inadmisibles de una desigualdad.
“Solo entendiendo de manera integral a la seguridad pública, a la procuración de justicia y al acceso e impartición de justicia, podremos encaminar a México hacia la paz social y la erradicación de las graves violencias que impiden a millones de personas vivir con tranquilidad y dignidad”, añadió.
La presidenta de la Corte adelantó que las propuestas que el Poder Judicial presentará son progresivas y no regresivas.
“Y quiero decirlo con el mayor énfasis posible: nuestras propuestas estarán, en todo momento, guiadas por el principio de progresividad".
"Ha sido, justamente, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que ha dicho que este principio constitucional se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual pues, como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios necesarios en la estructura económica, social, política y cultural del país, con un fin, que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos".
“El principio de progresividad nos exige a todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de nuestras competencias, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también nos impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano”, concluyó.
RM