Cuatro elementos de seguridad y custodia del Centro Federal de Readaptación Social No. 13 en Miahuatlán, Oaxaca, golpearon a un preso hasta dejarlo inconsciente y transcurrieron cuatro días para que fuera atendido por un médico, de acuerdo con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El hecho fue el 30 de noviembre, cuando después de los golpes, el preso reportó a los custodios que no se sentía bien, "pero no le hicieron caso". Para el 4 de diciembre, según el reporte, la víctima, en un último llamado de auxilio, informó "que orinaba sangre y presentaba mucho dolor, así como alergia que le generó el gas pimienta que le fue rociado en la cara" y hasta ese momento fue trasladado al Hospital Regional, en donde no le proporcionaron a él y a su familia datos sobre su estado de salud.
Según la Recomendación 47/ 2020 de la CNDH, el interno "fue diagnosticado con hematoma renal izquierdo", por lo que fue objeto de intervención quirúrgica el 14 de diciembre. El diagnóstico final fue "contusión de la pared abdominal. Traumatismo de vasos sanguíneos renales. Hidronefrosis con estrechez ureteral". Todo por los golpes recibidos, que la CNDH calificó de tortura.
La recomendación fue enviada al comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, donde se acusa de violación de derechos humanos y tortura del preso por parte de cinco servidores públicos.
En la revisión del expediente CNDH/3/2020/914/Q, el personal de la CNDH corroboró que "las lesiones que presentó el paciente fueron consecuencia del uso excesivo de la fuerza" por parte de ese personal.
Paralelamente se determinó que "el daño irreversible en el riñón del lado izquierdo fue secundario al traumatismo que sufrió" debido a los golpes recibidos.
La responsabilidad recayó en cuatro custodios y un funcionario porque "no existiera reporte y/o denuncia de algún incidente que refiera que la víctima fue agredida al interior del CEFERESO, no exime de responsabilidad a las autoridades penitenciarias del mismo, en específico, a su entonces titular".
El informe detalla que los hechos fueron ocultados por el personal penitenciario, "quienes impidieron que la persona privada de su libertad tuviera acceso al servicio médico".
La CNDH pidió la reparación del daño a la víctima y aperturar un expediente ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los cinco funcionarios que intervinieron en los hechos.
icc