De los traficantes que llevan fentanilo a EU, 86 por ciento son ciudadanos de ese país y lo hacen a través de cruces legales. Esta es una de las principales defensas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) contra el embate emprendido por legisladores estadunidenses que señalan a México como principal responsable de la crisis de sobredosis con ese opioide.
Se trata de un estudio del Instituto Cato, publicado en septiembre de 2022 que, basado en estadísticas de la Comisión de Sentencias de EU, señala que “en 2021, ciudadanos estadunidenses representaron 86.3 por ciento de las condenas por tráfico de fentanilo, en comparación con solo 8.9 por ciento de los inmigrantes ilegales”.
La información se refuerza con un análisis de Aaron Reichlin-Melnick, integrante del Consejo Estadounidense de Inmigración, quien reveló que en los comunicados de prensa que emitió durante seis meses Aduanas y Protección Fronteriza relacionados al fentanilo, solo tres por ciento involucraba a inmigrantes ilegales, por lo que estima que “los contrabandistas más importantes” son de ese país.
De acuerdo con el informe, más de 90 por ciento de las incautaciones ocurren en los cruces fronterizos legales y en los puntos de revisión de vehículos. Asimismo, 91 por ciento de los decomisos en estos puntos son de estadunidenses, mientras que solo cuatro por ciento son inmigrantes “potencialmente deportables”.
Para 2022, las cifras no parecen cambiar. Las incautaciones que hizo la Patrulla Fronteriza que estaba fuera de los puntos de control de vehículos representaron solo nueve por ciento de los decomisos de fentanilo.
“Dado que es más fácil para los estadunidenses cruzar legalmente, tiene sentido que los productores de fentanilo los contraten”, agrega.
La DEA ha detectado que organizaciones criminales explotan las principales rutas carreteras para el transporte de droga, utilizando vehículos con compartimentos ocultos o mezclados con mercancía legítima en tráileres.
Polémica con republicanos
La crisis de opioides enfrentó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a legisladores estadunidenses, quienes culpan a los cárteles mexicanos de las muertes por sobredosis en EU.
El primer amago llegó a través de los republicanos Lindsey Graham y John Kennedy, que propusieron el uso de fuerzas militares de ese país en México para combatir al crimen organizado.
El Presidente tomó el tema como bandera y salió a defender la soberanía del país, amenazando con promover el voto antirrepublicano en las próximas elecciones.
“Y si no cambian su actitud, y piensan que van a utilizar a México para sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto”, advirtió.
El intercambio de declaraciones ha subido de tono al grado de que López Obrador ha cuestionado la labor de la DEA y del gobierno estadunidense frente al tráfico y consumo de fentanilo en ese país.
En ese contexto, Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, visitó México para tratar el tema del fentanilo con López Obrador.
Esta visita se dio casi un mes después de que Joe Biden, presidente de EU, anunció que su gobierno emprenderá “una guerra” contra el tráfico de esta droga artificial, pues según estimaciones de ese país, el opioide ha causado más de 100 mil muertes por sobredosis.
Colombia, mercado de coca
El mercado ilícito de la cocaína en Colombia se ha atomizado tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país (FARC), que ha dado lugar a la aparición de “miríadas de actores delincuentes” y la penetración de grupos criminales extranjeros, advierte la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un informe.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) resalta en su informe de 2023 sobre la cocaína que Colombia sigue siendo el principal productor mundial de esa droga.
Actualmente hay muchas células criminales en ese país, de las que la mayoría tiene una presencia territorial limitada y que en parte usan su conocimiento local para ofrecer servicios a grupos mayores o entablar alianzas.
“Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como el Clan del Golfo o Los Urabeños, es la organización criminal de mayor alcance”, detalla.
Se estima que exportan unas 20 toneladas de coca al mes a 28 países, en asociaciones con cárteles mexicanos (Jalisco Nueva Generación o de Sinaloa), mafias italianas y redes criminales de los Balcanes.
En 2021, Colombia registró niveles récord en cultivos, que aumentaron 43 por ciento interanual, y en el potencial de fabricación de cocaína, con 14 por ciento.
Diversos grupos mexicanos, cuyos representantes controlan la calidad de la coca que adquieren, actúan en Colombia.
En el país, la desmovilización de las FARC dio lugar a la aparición de varios grupos divididos que compiten por controlar la cadena de suministro, además de otros más pequeños que manejan diversos aspectos del mercado ilícito de la droga en diferentes regiones.
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