La extorsión y su impacto en la economía local forman parte central del Cuarto Informe de Gestión del fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, donde se documenta la implementación de la Operación Liberación como una de las acciones enfocadas a desarticular redes delictivas que operaban en distintas regiones de la entidad.
El informe señala que este delito afecta de manera directa a víctimas y a su entorno social, ya que implica amenazas, coacción y presión para obtener dinero o bienes, incluso obligar a las personas a realizar conductas ilícitas.
En ese contexto, la estrategia se centró en identificar estructuras que operaban de forma organizada.
Despliegue en 14 municipios
Como parte de la Operación Liberación, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron acciones simultáneas en 14 municipios del Estado de México, principalmente en zonas del sur y norte de la entidad, donde se detectaron esquemas de control sobre actividades comerciales.
El documento refiere que en estas regiones operaban grupos que imponían condiciones a comerciantes y pobladores, como el pago de cuotas, la fijación de precios y la obligación de adquirir productos en establecimientos vinculados a dichas estructuras.
Entre los municipios donde se realizaron estas acciones se encuentran Valle de Bravo, Tejupilco, Tenancingo, Ixtapan de la Sal y Texcaltitlán, entre otros.
Red de negocios y sobreprecios
Derivado de las investigaciones, se identificó una red de establecimientos que formaban parte del esquema de financiamiento de actividades delictivas.
Como resultado, fueron asegurados 63 negocios relacionados con estas prácticas.
El informe detalla que en dichos puntos se comercializaban productos con incrementos significativos en sus precios. En algunos casos, los costos alcanzaban hasta tres veces su valor habitual, lo que impactaba directamente en consumidores y comerciantes.
Las actividades detectadas incluyeron acaparamiento de productos, imposición de sobreprecios y control en la distribución de materiales de construcción, alimentos y otros insumos.
Detenciones y estructura delictiva
En el marco de esta operación también se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra ocho personas identificadas como objetivos prioritarios, entre ellos actores vinculados a la distribución de materiales, liderazgos de organizaciones y personas relacionadas con la comercialización de productos.
Las investigaciones establecieron que estas redes tenían presencia en distintas actividades económicas, desde la venta de insumos para construcción hasta la distribución de alimentos y servicios de transporte.
Entrega de bienes asegurados
Como parte de los procedimientos derivados de la operación, autoridades solicitaron la disposición anticipada de bienes asegurados, entre ellos materiales, alimentos y semovientes, los cuales fueron entregados posteriormente a población afectada.
El informe refiere que esta medida buscó evitar el deterioro de los productos y canalizarlos hacia sectores que habían resultado afectados por el encarecimiento de insumos en las zonas intervenidas.
Disminución en denuncias
El documento también señala una reducción en las denuncias por extorsión durante el periodo reportado. Entre abril de 2025 y marzo de 2026 se iniciaron mil 729 carpetas de investigación por este delito, en comparación con más de tres mil en el periodo previo.
Además, se reporta la detención de personas relacionadas con este ilícito, tanto en flagrancia como por órdenes judiciales, así como la obtención de sentencias condenatorias.
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