Tráfico de armas y funcionarios de alto perfil involucrados: ¿Qué fue el operativo 'Rápido y Furioso'?

El operativo lleva el nombre de la famosa saga debido a que la investigación más importante fue a un grupo de hombres que hacían carreras de autos.

De las 2 mil armas registradas sólo se recuperaron 500. | Especial
Ciudad de México /

El 26 de octubre de 2009, se reunieron el director del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (AFT), Kenneth Melson; el administrador de la DEA, Michele Leonhart; y el director del FBI, Robert Mueller, para iniciar una estrategia secreta contra el tráfico de armas entre Estados Unidos y México, que posteriormente fue llamado operativo Rápido y Furioso.

La operación consistía en dar libertad a las personas acusadas de traficar armas entre Estados Unidos y México, con el fin de seguir la cadena de compra-venta y poder llegar hasta el uso final de éstas, comprobando que las personas detrás de esta operación eran los cárteles de droga mexicanos. Esto tenía el respaldo legal del entonces fiscal federal estadunidense, Dennis Burker.

Sin embargo, según información de The Washington Post, el inicio de esta operación generó críticas de muchos agentes, debido a que las leyes contra el tráfico de armas eran endebles y ahora los delincuentes tenían el paso libre para la compra ilegal.

¿Qué fue el operativo 'Rápido y Furioso'?

Cuatro días después de la reunión entre directores, inició la operación. Una tienda de armas informó a la AFT de un hombre que compró varios rifles AK-47.  Días después, un grupo de agentes empezó a investigar al  hombre, quien ya había adquirido 34 armas de fuego y al mes siguiente, junto con otras personas involucradas, ya sumaban 212 armas más.

Los agentes asignados al caso no podían intervenir de ninguna manera, esto con el fin de que el arma llegara a manos de un cártel mexicano y poder actuar en contra de ellos. En relatos publicado por el Washington Post, los elementos de la ATF indican que sólo tenían instrucciones de observar cómo el armamento seguía su camino hasta México.

Entonces, el Grupo VII de la AFT nació y el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de los Estado Unidos, mediante un documento, lo instruyó a sólo mirar el proceso del arma para llegar a tierras mexicanas.

Así fue cómo al menos 2 mil 500 armas fueron compradas en Estados Unidos y trasladas a México de forma ilegal. Fue hasta 2011 cuando Julian Assange, creador de Wikileaks, filtró claves gubernamentales estadunidenses y se dio a conocer el operativo Rápido y Furioso, así como los errores que se habían cometido durante su aplicación.

Uno de los acontecimientos definitorios de la fallida operación, fue el asesinato de un agente de la policía fronteriza, identificado como Brian Terry, quien murió después de ser alcanzado por una bala de un rifle AK-47 que estaba registrado por la AFT y pertenecía al operativo.

En enero de 2011, la oficina del Fiscal Federal de Arizona anunció la detención de 20 traficantes de armas, el crédito se le daba al operativo Rápido y Furioso.

México se enteró del operativo tras filtraciones

Supuestamente gracias a las filtraciones, el gobierno de México se enteró que Estados Unidos estaba permitiendo que armas de alto calibre entraran al país y la entonces Procuraduría General de la República emitió un comunicado donde mencionó que desconocía sobre esta operación, al mismo tiempo el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, afirmó que él tampoco sabía sobre esta estrategia anti armas.

Por otro lado, la embajada mexicana emitió un comunicado indicando que las autoridades sí sabían de esta operación; también un agente de AFT declaró ante el congreso estadunidense que la PGR tenia conocimiento del operativo.

Detenidos sólo hubo dos, el primero fue Heraclio Osorio Arellanes, acusado por el asesinato del policía fronterizo Brian Terry y el número 3 de Los Zetas, y Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Mamito, quien era acusado por la muerte del agente Jaime Zapata.

México reabre el caso

En 2019, cuando Estados Unidos dio carpetazo a la investigación, la FGR retomó el caso. Ya en mayo de 2020, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, envió una nota diplomática al gobierno estadunidense.

"Si en efecto, el gobierno de México conoció y autorizó el operativo entonces estaríamos hablando de graves violaciones a la Constitución Política y leyes que de ella emanan por parte de quienes ocupaban los más altos cargos en el país puesto que habrían mentido al Congreso de la Unión y la sociedad", menciono el canciller en un video publicado en Twitter.

Dos meses después, el gobierno de Estados Unidos respondió la nota que había enviado el canciller y entregó información para poder rastrear las más de mil 500 armas que quedaron a la deriva. 

"Evidentemente se recibió mucha información, información publicada y que no estaba publicada; se puso a disposición de la FGR, ellos nos van a decir qué les falta, y lo que nos dijo la oficina del fiscal de Estados Unidos es que ellos nos van a proporcionar la información necesaria para que se concluya la investigación", dijo Ebrard respecto a la información recibida.

Finalmente, la FGR en enero de este año obtuvo siete órdenes de aprensión; de las cuales cuatro son a ex funcionarios de Policía Federal. De éstas también destaca una contra ex secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna y su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino, finalmente también se giro una orden contra Joaquín El Chapo Guzmán.

Detienen a Facundo Rosas

Facundo Rosas Rosas, ex comisionado de la Policía Federal, fue aprehendido por su presunta responsabilidad en el operativo Rápido y Furioso, luego de haber sido detenido por autoridades capitalinas por atropellar y privar de la vida a una mujer. 

Fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 11 de Hermosillo, Sonora, por una orden de captura fue librada por el juez Noveno de Distrito en el estado de Sonora, por su probable responsabilidad en el delito de omisión, por permitir el ingreso de armas de fuego a territorio mexicano. 

De acuerdo con la indagatoria SEIDO/UEITA-SON/0000306/2020, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, ordenó el ingreso ilegal a México de más de 2 mil 500 armas de fuego para detectar a los compradores, armamento que se perdió y cayó en manos de cárteles del narcotráfico y que fue utilizado en crímenes de alto impacto, desde 2009. 

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