El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar la versión pública del contrato del software Pegasus, en el que se proteja información sensible.
En la sesión de este martes del pleno del INAI, se aprobó por unanimidad el proyecto de resolución de la comisionada Areli Cano, quien propuso modificar la respuesta inicial de la PGR, la cual consideró la información solicitada como reservada.
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“Que entregue al particular el contrato para la adquisición del sistema conocido como Pegasus y su anexo, en donde únicamente podrá proteger las especificaciones técnicas del equipo, así como los procedimientos relacionados con su operatividad, los datos de las personas que participaron y que tienen conocimiento concreto del software”, expuso Cano.
Pegasus es el software con el que activistas sociales fueron presuntamente espiados por parte del gobierno mexicano, razón que los motivó a abandonar la mesa en la que participaban como organizaciones ciudadanas en la Alianza para el Gobierno Abierto, en 2017.
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“Adicionalmente deberá explicar al particular las razones por las cuales no cuenta con los registros de aquellos casos donde se aprehendió al delincuente y que ya causaron estado y donde se haya rescatado a un secuestrado; finalmente deberá emitir una resolución en donde de manera fundada y motivada confirme la clasificación de la fecha y hora y de la intervención, el oficio de la autorización, el número de carpeta de investigación, el nombre de los jueces que dieron la autorización, las solicitudes de las empresas de telefonía para intervenir comunicaciones, así como la existencia del contrato de equipo que actualmente utiliza para ejecutar las intervenciones de comunicaciones privadas”, agregó el proyecto de la comisionada.
Los siete comisionados votaron a favor del proyecto, el cual también ordena informar el dato numérico de cuántos trabajadores participan en las actividades de intervención de comunicaciones, sus salarios y prestaciones.
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El proyecto de Cano concluyó que no resultó procedente la reserva, pues divulgar esa información estadística no es una amenaza a la seguridad nacional, “pues no revelan procedimientos, métodos o especificaciones útiles para la generación de inteligencia, se trata de un dato numérico relacionado con una actividad que tiene como finalidad instrumentar una función investigadora, no así de contrarrestar hechos delictivos”.
La comisionada aseguró que la resolución “es sensible al contexto social que rodea a la temática del asunto, situación que motiva a la necesidad de agotar todas las atribuciones que tiene este órgano garante para determinar lo conducente y encontrar una resolución en la que se plasmen los mejores equilibrios”.
“La transparencia juega un papel importante pues a partir de los documentos que se harán públicos, las personas estarán en condiciones de conocer información respecto de las herramientas tecnológicas que el Estado mexicano utiliza para desarrollar labores de seguridad, datos como costos, fechas de contratación y empresas beneficiados rubros que pueden desprenderse de la versión pública del contrato correspondiente”, afirmó Cano.
nerc