Ordena jueza regresar a Jaqueline y Camila con su madre

En redes sociales la adolescente pidió entre lágrimas que la magistrada no las haga volver al domicilio de su progenitora, donde supuestamente padecieron un entorno de abuso y violencia.

El juicio se lleva a cabo desde hace varios años porque las niñas no quieren volver con su progenitora. Foto: (Milenio Digital)
Toluca /

Tras la denuncia de Jaqueline, una adolescente hija de padres separados desde hace 10 años, pidió a una juez del Poder Judicial de la Federación con sede en Toluca que no la regrese a ella y a su hermana Camila a la casa de su madre, pues supuestamente ahí sufrieron violencia y tocamientos, la dependencia dictaminó que, en primera instancia, ambas niñas deberán incorporarse a un albergue del DIF del Estado de México donde se intensificarán las terapias para restablecer lazos afectivos, para después regresarlas con su progenitora.

La diligencia se deberá realizar en el lugar donde actualmente radican, en un domicilio ubicado en Metepec, para trasladarlas al DIF estatal, de acuerdo con la sentencia emitida el pasado 8 de marzo por Karina Castillo Flores, jueza cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de México en el incidente de suspensión 382/2024-1, donde deja sin efecto el amparo 9/24 promovido por las menores y su representante legal para continuar radicando con la familia paterna.  

Durante el largo proceso legal por el que las menores han atravesado para continuar viviendo con su padre, recientemente Jaqueline pidió entre lágrimas durante una transmisión vía Facebook la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la gobernadora Delfina Gómez y del ex magistrado Arturo Zaldívar para evitar que la jueza las regrese al hogar de su madre donde ella asegura haber sufrido violencia física y abuso; sin embargo, con este fallo la jueza mandó que tanto ella como su hermana de 13 años deberán reincorporarse con la madre, en un entorno de supuesto abuso y violencia.

“Hay reportes fotográficos (de) todo eso que les digo, hay reportes donde todo está como parte de un expediente; reportes fotográficos donde Cami, con cinco añitos, llegó con la cabeza abierta. Jaqueline, con golpes en la espalda, en un ojito diversas cosas. Salgo a entrevistarme con ellas y saber qué es lo que había pasado, pues me refieren también la parte del abuso sexual del que presuntamente mis hijas señalan a su tío”, afirmó Mauricio, padre de las menores, en entrevista previa para MILENIO Televisión.

El dictamen judicial federal justificó que el 16 de febrero se ordenó que se realizara una valoración psicológica "de las personas señaladas como Red de Apoyo, con la finalidad de que se determinara quién es la persona más apta para tener bajo su cuidado a las menores de edad quejosas”. Sin embargo el pasado 19 de febrero sin alguna dictamen indicaron que quien debía tenerlas a su cuidado era el señor José Sol Silva Beltrán, quien es el representante legal.

“Por tanto, es evidente que a la fecha no se cuenta con información suficiente para considerar que es la persona más apta para que tenga su cuidado a las menores quejosas, toda vez que no se cuenta con las valoraciones psicológicas ordenadas (…) por lo que se ordena al Juez Tercero Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, para que informe las acciones realizadas a fin de dar cumplimiento a lo aquí determinado”, destaca el documento.

La orden también apunta que se deberán tomar las medidas necesarias para agilizar los dictámenes psicológicos a la brevedad posible “hasta que estén dadas las condiciones para entregarlas definitivamente a su madre”.

“Lo anterior evidencia que sí existe una orden judicial debidamente fundada y motivada emitida, donde, atendiendo el interés de las menores y por los motivos allí expuestos, se consideró necesario reubicarlas del lugar donde ahora habitan”, dijo.

De igual forma, en la sentencia emitida por la juez federal, se obliga a actuar al Poder Judicial del Estado de México a fin de realizar la separación de las menores del hogar del padre y trasladarlas al albergue del DIF, de lo contrario el juez de la jurisdicción estatal podría ser sancionado económicamente y, en dado caso, con una pena de tres a nueve años de prisión o la inhabilitación de hasta nueve años como servidor público. La jueza también requirió que esta orden judicial se lleve a cabo 24 horas después de la notificación respectiva, que llegó ayer lunes, por lo que se espera que en las próximas horas ocurra la diligencia instruida.

PNMO

  • Fabián Rodríguez

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